Presidente peruano envió con carácter de urgente la iniciativa al Congreso

Proyecto para disolver el Servicio de Inteligencia

El presidente peruano, Alberto Fujimori, envió un proyecto de ley con carácter de urgente al Congreso para la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en un plazo de 15 días, informó ayer la secretaría de prensa del legislativo.

Con este proyecto, el mandatario hace cumplimiento al compromiso que hiciera el sábado pasado durante un mensaje al país, que fue de dos puntos: convocar a nuevas elecciones en el plazo más breve en las que no participará y la desactivación del SIN.

El mensaje del mandatario fue a consecuencia del video divulgado días antes en que se muestra al asesor presidencial Vladimiro Montesinos entregando dinero a un congresista de oposición que luego se pasó al oficialismo.

El documento, que tiene la rúbrica del presidente Fujimori y la del presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, señala que para la desactivación del SIN se formará una comisión que presidirá el primer ministro y la integrará los titulares de Defensa y del Interior.

Esa comisión del ejecutivo rendirá cuenta de sus decisiones y actividades a la presidencia de la Comisión de Defensa del Congreso.

En uno de su artículos, el proyecto sostiene que el personal del SIN de todos los niveles de la alta dirección, de los órganos de asesoría y de control de servicio, «cesa en sus funciones».

También establece que «se confirman los actos de Gobierno mediante los cuales, antes de la vigencia del presente ley, se hubiese cesado al personal del SIN».

El proyecto explica que el SIN se creó como una parte del sistema de defensa nacional teniendo como finalidad el desarrollar actividades de inteligencia que contribuyan a la seguridad nacional.

«Habiéndose obtenido grandes logros en el tema de pacificación interna debido a un eficaz lucha contra el terrorismo, además garantizó la paz externa, por lo que se hace indispensable en estos momentos reformular el papel de los servicios de inteligencia», agrega.

El presente proyecto de ley no genera ningún costo para el Estado, por el contrario, al tratarse de un proceso de desactivación, el mismo significará un ahorro económico.

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