Montesinos perdió los favores de la CIA

Considerado en Perú «el poder detrás del trono» del presidente Alberto Fujimori, Montesinos evolucionó de una presunta colaboración con la CIA en los años 70 a una relación controvertida pero nutrida con Washington durante la última década, antes de que su cabeza fuese reclamada por Estados Unidos y la OEA la semana pasada tras un escándalo de corrupción.

«En muchos casos, en la política de Estado norteamericana, una ventaja percibida a corto plazo supera a la inquietud por el desempeño de una persona o una institución en términos de derechos humanos», comentó a la AFP Carlos Salinas, director para América Latina de Amnistía Internacional.

Estados Unidos considera a Perú como un aliado firme en la lucha antidrogas en la inestable región andina. Los resultados espectaculares obtenidos en la materia por ese país consolidaron la relación con el Gobierno de Fujimori en los años 90.

Sin embargo, la decisión de Fujimori de presentarse a un tercer mandato y las controvertidas elecciones de mayo pasado, cuando Montesinos, al frente del omnipotente Servicio de Inteligencia Nacional, piloteó una campaña de fraude e intimidación de la oposición, fue la gota que desbordó el vaso.

Según el diario The Washington Post, que cita entrevistas con una docena de responsables norteamericanos, Estados Unidos consideraba a Montesinos hasta principios de este año como «el señor que lo arregla todo» en Lima, a pesar del debate interno que suscitaba en Washington.

Los contactos con el ‘Rasputín de los Andes’ ofrecían al Gobierno norteamericano no sólo la posibilidad de coordinar estrechamente la lucha antidrogas, sino incluso atender cuestiones comerciales.

«Montesinos daba la impresión de controlar todo en todas partes», escribe The Washington Post. «Cuando un trato comercial que involucraba a una empresa norteamericana estaba en dificultades, una llamada telefónica al ‘doctor’ –a veces directamente desde Washington–, lo resolvía todo».

«Fue en la primavera pasada cuando la corriente oficial en Estados Unidos se dio vuelta en su contra, a pesar de que la CIA se resistía» a ese distanciamiento, afirma el rotativo. El 8 de setiembre, en un encuentro con Fujimori en Nueva York paralelo a la Cumbre del Milenio, la secretaria de Estado, Madeleine Albright, terminó con las ambigüedades y dio a entender al mandatario que sus relaciones con Estados Unidos no mejorarían mientras Montesinos siguiese en funciones, según un responsable norteamericano citado por el diario.

Las prioridades contradictorias de Estados Unidos en América Latina suscitaron en el pasado numerosos casos como el de Montesinos. De Guatemala a Haití, de Panamá a Chile, cuestionables pero valiosos aliados se convirtieron luego en demonios con un desempeño indefendible en materia de derechos humanos o actividades de narcotráfico. «Es el problema», deploró Salinas, «de una política que resumió recientemente –refiriéndose a China– la secretaria de Estado, Madeleine Albright, al decir que Estados Unidos tiene ‘principios consistentes pero medios flexibles'». En Chile, por temor de ver surgir una nueva Cuba en el Cono Sur, Washington favoreció las condiciones para el golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende en 1973 y condujo a 17 años de dictadura del general Augusto Pinochet.

Pero Estados Unidos se distanció de su protegido a partir de 1976, tras las campañas internacionales contra la violenta represión implantada dentro y fuera de Chile por la policía secreta de Pinochet, la DINA, cuyo ex jefe Manuel Contreras fue agente informante de la CIA, según reconoció esta semana la propia central de inteligencia.

La CIA también admitió en el pasado haber pagado al panameño Manuel Noriega importantes sumas de dinero, entre 1955 y 1986, a cambio de distintos «servicios», primero como jefe de inteligencia del general Omar Torrijos y luego como hombre fuerte de Panamá, que apoyó a partir de 1984 a la guerilla antisandinista en Nicaragua y al Gobierno de El Salvador.

Sin embargo, en 1986 se deterioraron las relaciones y dos años más tarde Estados Unidos lo acusó de haber convertido Panamá en una base de distribución de droga procedente de Colombia y del blanqueo del dinero resultante del negocio ilícito. Estados Unidos lanzó finalmente en 1989 una operación militar para capturar a Noriega y lo condenó a 30 años de cárcel, donde se encuentra hasta el día de hoy en Miami (Florida).