Liberan a manifestantes

Con 14 meses presos, la protesta ya fue criminalizada. ¿Quién le devuelve a esta gente el tiempo que pasó en prisión? «Todo esto pone en evidencia el funcionamiento de un sistema, cómo se utiliza la prisión preventiva como pena anticipada», subrayó Claudio Pandolfi, uno de los letrados.

«Al principio, presentaron todo como una causa que estaba cerrada, y a medida que transcurría el juicio oral, se iba desinflando por su inconsistencia», sintetizó Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales al portal La Vaca.com.

Hubo desmanes ese 16 de junio de 2004, cuando vendedores ambulantes, hetairas y otros pedían que no se les prohibiera trabajar en las calles. Entonces partidos de izquierda extraparlamentaria sostenían que habían actuado elementos «provocadores». Eran días muy particulares. La derecha, después del asesinato del joven Axel Blumberg, elevó a su padre, Juan Carlos, como líder social, síntesis de los temores de muchos sectores y piloto de las leyes draconianas como instrumento de disuasión.

Entraban en la volteada delincuentes, pero también los que manifestaban en las calles, los «piqueteros», cortando calles o avenidas. Ese clima es el autor «moral» del Código de marras, era la señal de que se acababa la paciencia oficial.

Los hechos de aquella jornada, se comió la relación entre el entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, depuesto más tarde por la tragedia de una disco con sus 194 muertos, con Néstor Kirchner. Y envió a la historia al entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz. La policía que de él dependía, regresó a la jurisdicción del Ministerio del Interior.

Veintitrés personas fueron detenidas por participar en esa manifestación y 15 sufrieron prisión durante 420 días, acusadas de delitos gravísimos, por los que le negaron dos veces la excarcelación. Catorce llegaron a un juicio oral que escuchó el testimonio de 150 testigos. Solo dos fueron acusados por delitos menores y 12 fueron absueltos de toda culpa y cargo. A la Justicia le llevó dos años y cuatro meses reconocer que eran inocentes.

Habla una de las víctimas, Carmen Infrán: «Me pregunto quién puede explicarles a mi hijo y a mi nieto porqué me encerraron durante 14 meses como un animal peligroso. Me pregunto también por qué nadie escuchaba nuestras razones, por qué nadie atendía nuestros reclamos, por qué fui tratada por los medios como una criminal peligrosa».

A los procesados que resultaron inocentes de ese insólito combo de delitos se les endilgaba: coacción agravada, privación ilegítima de la libertad, daños calificados y resistencia a la autoridad.

Después de escuchar a casi 150 testigos, incluso legisladores de todos los sectores, el proceso desnudó el desaprensivo funcionamiento del Poder Judicial y las irregularidades y arbitrariedades de la Policía Federal.

A lo largo de las audiencias quedó establecido que los arrestos fueron realizados al azar, fuera del área de los incidentes, a manifestantes que eran presas fáciles y sin respetar los derechos que le asisten a cualquier detenido. Los damnificados pedirán juicio político contra la juez y el fiscal de la instrucción. *