"Llevamos 32 años pidiendo justicia; espero que Pinochet sea condenado"

El nombre de Antonio Llidó es muy bien conocido entre los grupos defensores de los derechos humanos de Valencia. Este cura, nacido un 29 de abril de 1936 en la localidad alicantina de Xàbia, es una de las miles de personas que el régimen genocida de Augusto Pinochet quitó de su camino. Había llegado a ese país para trabajar como misionero, basándose en su compromiso con los más desposeídos. Así, en el verano de 1969 llegó a las parroquias de «Nuestra Señora de los Desamparados y de la Medalla Milagrosa» en Quillota, diócesis de Valparaíso, donde ya había otros sacerdotes valencianos.

Tras el golpe de estado del 11 de setiembre de 1973, el obispo de Valparaíso le «invitó» a abandonar el país. Ante su negativa, la autoridad eclesiástica le suspendió en sus funciones de sacerdote. Llidó tuvo que refugiarse en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El 9 de octubre de 1974 sería detenido, comenzando su calvario por los centros de tortura del régimen chileno. El 25 de octubre de ese mismo año fue visto con vida por última vez.

Desde entonces, sus familiares y amigos en Valencia emprendieron diversas iniciativas para reclamar que Llidó apareciese con vida. El pasado miércoles, 32 años más tarde, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile resolvió desaforar a Pinochet para que sea investigado por su presunta responsabilidad en la desaparición del sacerdote español.

«Por fin». Así comenzaba ayer su diálogo con LA REPUBLICA Josefa Llidó, hermana de Antonio. Estaba contenta, esperanzada y agradecida con todas aquellas personas y organizaciones que, tanto en Valencia como en Chile, le han acompañado en esta larga lucha por la verdad. «Entre todos hemos conseguido que se intente encausar a Pinochet como responsable máximo de la detención y desaparición de Antonio. Esto es gratificante y nos da la esperanza para creer que al final podremos conseguir justicia no sólo para nosotros, sino para muchos más», afirmó.

Llidó recordó el largo camino que han tenido que recorrer desde aquel día de 1974 en que su hermano desapareciera. «Desde que supimos de su detención no hemos parado de pedir justicia y verdad sobre lo que hicieron con Antonio», señaló. De ese modo, remarcó que no fue una lucha sencilla: «desde 1974 hasta 1991, con el retorno de la democracia, la dictadura chilena siempre negó los hechos».

A pesar de la postura del régimen de Pinochet, los familiares disponían de declaraciones juradas de personas que habían estado con el sacerdote valenciano. Incluso la mismísima Nunciatura Apostólica en Chile admitía, en una carta, que Llidó estaba detenido y que, «de no resultar cargos extremadamente graves en contra suya, se le pueda sacar del país dentro de cierto tiempo». A partir de entonces se sucederían los contactos, cartas y entrevistas para exigir que apareciese con vida.

En 1991, una vez acabada la dictadura, el informe Reeting probó que «en octubre de 1974, Antonio Llidó Mengual, ex sacerdote de nacionalidad española vinculado al MIR, fue visto por testigos en el recinto de José Domingo Cañas. Con posterioridad Antonio Llidó, cuya fecha de detención se desconoce, fue trasladado a Cuatro Alamos, desde donde desaparece, en poder de la DINA. La Comisión está convencida de que su desaparición fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos».

Tras la publicación de ese informe, sus familiares presentaron una querella criminal contra los responsables de la desaparición. En 2003, tras varias querellas y recursos, se consiguió reabrir el caso, lo cual acabaría con la decisión de la justicia chilena de desaforar a Pinochet. Previamente nueve miembros de la cúpula de la DINA fueron procesados por este caso. *