Alarma entre algunos dirigentes y legisladores peronistas históricos
Todavía más: el curso abierto podría terminar con la detención de figuras estelares del peronismo, con la ex presidenta en primer término junto a los que fueron sus ministros, entre ellos, el hoy diputado nacional y ex gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, y el ex senador nacional Antonio Cafiero, el emblema del peronismo histórico: fue ministro de Juan Perón durante su primera presidencia. La cosa es que el juez federal Raúl Héctor Acosta de Mendoza investiga la desaparición forzada de Héctor Aldo Fagetti Gallego, ocurrida antes de aquel golpe militar y el caso abre la posibilidad de investigar por primera vez la responsabilidad de Isabel Martínez y sus ministros en los decretos 2070/71/72 que se convirtieron en la antesala del terrorismo del Estado. Es que en esas normas se reclamaba «aniquilar la subversión» o sea los grupos de irregulares y la palabrota (aniquilar) sirvió de pretexto a las FFAA para la guerra sucia. Por ahora el juez Acosta sólo diligenció establecer el domicilio de los potencialmente implicados y tenerlos a mano «a efectos de recibirles declaración indagatoria» como coautores de la desaparición forzada de Fagetti.
La decisión provocó una polémica. El escándalo y el escozor en algunos sectores fue tan profundo que el propio Acosta salió a bajarle el tono a la resolución, como asustado. En rigor el terror dirigido desde el Estado o con su protección tiene raíces profundas pero desde finales de los 60 y especialmente al iniciarse los 70, con la irrupción de los irregulares de matriz católico-peronista o guevarista, hizo brotar desde las sombras la represión ilegal. Cuando Perón es elegido por tercera vez, en setiembre de 1973, ya se conocen los primeros balbuceos de la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, que organizó y dirigió José López Rega, secretario privado del líder del justicialismo. Se discute si tuvo o no el aval de Perón, quien todavía en Madrid, cuando ya necesitaba deshacerse de los Montoneros o someterlos a sus objetivos políticos, comentó en más de una ocasión la necesidad de un «somatén», refiriéndose a esos irregulares catalanes del medioevo que aplicaban el terror paraestatal. Aunque López Rega fue procesado por su participación en la Triple A, se carece de una investigación judicial a fondo sobre el papel de Perón y su tercera esposa en esta etapa negra del pasado argentino. Se estima que la mayor banda de ultraderecha jamás conocida es autora de 600 o 700 asesinatos, que fermentó en el gobierno peronista 1973-76 y sirvió de piedra basal al terrorismo de Estado cuyas víctimas en su mayoría eran peronistas. Si se anima, el juez mendocino puede abrir la caja de Pandora. En principio, el gobierno federal que es consecuente en su respaldo a los juicios contra los violadores a los derechos humanos durante la dictadura militar, se ha cuidado de ir más a fondo aunque no hay dudas de que algunos ministros que fueron víctimas de la Triple A o del propio gobierno de Isabel, bien quisieran que se cobren esas deudas del pasado. Algo fuerte ocurrió con lo avisado por el juez mendocino pero se verá si cuenta con suficiente respaldo político. Su bisturí puede tocar parte de la historia del peronismo. *
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