La Justicia italiana liberó al ex mayor acusado de violar los DDHH

Por Isidoro Gilbert

Llegó por la mañana al aeropuerto de Ezeiza, donde fue recibido por un grupo de militares en situación de retiro, tras zafar de ser extraditado a Francia. Anticipó que hoy dará una conferencia de prensa ya que «estaba muy cansado».

El retorno pudo ser posible por la extraña decisión de la sala IV de la Corte de Apelaciones de Roma de ponerlo en libertad, en una decisión tan absurda que sugiere la posibilidad de que se haya movido por detrás lo que algunos analistas locales no trepidan en comparar con la organización Odessa, que protegía a los nazis que escaparon de Alemania al finalizar la segunda guerra.

¿Se movió ahora la logia «Propaganda Dos» (P2), que unió en los años de plomo a militares argentinos con su jefe, Licio Gelli? Olivera tiene amigos influyentes en Argentina y en Italia y muchos fondos pagar abogados caros.

Uno de sus abogados italianos Augusto Sinagra estuvo vinculado al todopoderoso Silvio Berlusconi, líder de la más oscura derecha política y empresarial. Y de ninguna manera conviene olvidar que el propio Olivera es abogado del ex general Carlos Guillermo Suárez Mason, un hombre clave en la logia mafiosa Propaganda Dos.

Algo más: los letrados son de extrema derecha, con estrechos vínculos con el Movimiento Social Italiano, heredero del fascismo adaptado a estos tiempos y con el magnate máximo de los medios de comunicación de Italia.

Ningún organismo oficial ha dicho esta boca es mía. Entre murmullos sólo se escucha que el gobierno había decidido no defenderlo y que simplemente se le brindó asistencia consultar, como a cualquier detenido en el exterior.

El vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez declaró «no tener opinión» por carecer de detalles sobre el caso.

Olivera se refugió ayer en su casa de Vicente López, donde la comuna lo declaró «persona no grata». Varios concejales del Frepaso y vecinos organizaron un «escrache» (operativo de repudio). El edil Diego Bonadeo dijo que la única solución es que «Olivera vaya preso».

Las entidades defensoras de derechos humanos han expresado su repudio a lo decidido por el tribunal. La presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, responsabilizó a los parientes de Marie Anne, de haber facilitado la maniobra a través del certificado de defunción que «la madre firmó para cobrar la reparación económica».

«Por eso soltaron a Olivera, porque la chica dejó de ser desaparecida para ser muerta. Nosotros no aceptamos la reparación porque forma parte de la reconciliación, pero esencialmente porque te obligan a firmar la muerte de tu hijo».

Esta es una antigua controversia entre los organismos de derechos humanos. Lo que es real es que no hay muerto sin cadáver, y el de la muchacha jamás apareció. Los «certificados» carecen de ratificación consular; jamás pasaron por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Graves errores del tribunal

El periodista Miguel Bonasso sostiene que el tribunal romano cometió varios errores: 1) aunque admite que no es su objetivo analizar la cuestión de fondo se mete a opinar y afirma que no está probado que Olivera haya participado en los hechos por los cuales le pide la extradición el juez galo Roger Le Loire.

2) Para otorgar la libertad determina que los posibles crímenes han prescripto para la ley italiana que fija un límite de 15 años en los que la prescripción no sea interrumpida por medidas judiciales.

Este criterio de priorizar el derecho nacional del Estado requerido y no el del requirente (Francia) se corresponde con acuerdos muy antiguos como la Convención Europea sobre extradición que data de fines de los 50 y fue modificada por la ampliación de 1996, cuyo artículo 8º privilegia al Estado requirente.

Para Francia (Estado requirente) los crímenes por los que acusa al ex carapintada Olivera son imprescriptibles.

3) Para establecer que debía otorgarse la prescripción se admitió como válido –sin ninguna clase de análisis ni pericia– un papel aportado por la defensa de Olivera en cuyo ángulo superior derecho se hace constar que Marie Anne Erize habría muerto el 11 de noviembre de 1976.

A diferencia de cualquier certificado de defunción no se especifican las causas del deceso. Pese al papel, hasta este momento, el cuerpo de Marie Anne sigue sin aparecer. Darla por muerta por un papel presentado por su asesino supera las barbaridades perpetradas por algunos magistrados bonaerenses y coloca a los jueces italianos al borde del prevaricato.

(De paso cabría preguntar –si ese documento es real– de dónde lo sacó Olivera, porque demostraría lo que siempre han dicho los organismos humanitarios: que los represores guardan documentación sobre los desaparecidos.)

4) En su sospechosa precipitación por otorgar la libertad a Olivera, la Corte de Apelaciones de Roma olvidó que aun el lapso italiano de los 15 años fue interrumpido el 30 de abril de 1987 (hace solamente trece) cuando la Cámara Federal de Mendoza citó para indagatoria al mayor retirado Jorge Olivera por los mismos crímenes que le reclama la Justicia francesa. Olivera se salvó –como tantos otros– por la ley de Obediencia Debida de 1987.

«En síntesis: o los jueces italianos son ineptos o actuaron deshonestamente por influencia política o presión mafiosa», sostiene, con razones, Bonnaso.