Bush promulga dura ley antiterrorista

Bush defendió la ley diciendo que constituye un «instrumento vital» en la lucha contra el terrorismo durante la ceremonia de la firma, rodeado de altos funcionarios de Defensa e Inteligencia.

«Es una rara ocasión cuando un presidente puede firmar una ley que sabe salvará vidas estadounidenses. Esta mañana tengo ese privilegio», dijo Bush.

«Esta ley que firmo hoy ayuda a proteger a este país y envía un claro mensaje: esta nación es paciente, decente y justa, y nunca retrocederá ante las amenazas a nuestra libertad», agregó.

Ambas cámaras del Congreso aprobaron el mes pasado esta ley, que se convirtió en foco de un debate sobre seguridad y libertades civiles en la «guerra contra el terrorismo» lanzada por Bush luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El presidente ha negado que la ley autorice la tortura contra los sospechosos de terrorismo.

La ley faculta a la CIA continuar con los interrogatorios secretos y el uso de recursos que, según sus detractores, abre la puerta a la tortura. El texto concede a Bush un poder de interpretación de las normas internacionales (convenciones de Ginebra) sobre tratamiento de los prisioneros.

La norma permite juzgar a los sospechosos de terrorismo en tribunales militares, pero no exige que ellos sean defendidos por un abogado. La ley, oportunamente firmada tres semanas antes de las elecciones legislativas que parecen cada vez más complicadas para la mayoría republicana de Bush, ya es objeto de recursos ante los tribunales. La norma fue redactada en respuesta al fallo emitido en junio por la Corte Suprema estadounidense, que estableció que Bush había sobrepasado sus facultades e infringido las Convenciones de Ginebra al establecer tribunales de guerra para los sospechosos de la «guerra contra el terrorismo».

La legislación establece lineamientos para el interrogatorio de presuntos terroristas y podría enviar a juicio luego de años de detención a cientos de reclusos mantenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba.

Desde la apertura del campo de detención de Guantánamo luego de los ataques terroristas de 2001 contra Nueva York y Washington, ninguno de los centenares de prisioneros ha enfrentado juicio. La nueva ley permite los tribunales militares especiales para juzgar a los detenidos en Guantánamo, permite las prisiones secretas de la CIA y prohíbe los castigos «crueles e inusuales» a los detenidos, aunque no clarifica lo que cabe dentro de esta categoría.

Los reclusos podrían ser privados de todo recurso legal para protestar por las condiciones de su detención.

La organización defensora de los derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) declaró en un comunicado que «la nueva ley (es) una de las peores medidas en libertades civiles promulgadas en la historia estadounidense».

«El presidente ahora puede –con la aprobación del Congreso– retener indefinidamente gente sin cargos, elimina protecciones contra abusos horribles, lleva a juicio a gente en base a evidencia de rumores, autoriza juicios que pueden llevar a gente sentenciada a la pena de muerte en base a testimonios de testigos literalmente extraídos por la fuerza, y cierra de golpe las puertas de los tribunales a las peticiones de hábeas (corpus)», dijo el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero. *