El viejo aparato represivo

El gobernador bonaerense, Felipe Solá y su ministro de Seguridad, León Arslanián, temen lo peor. «Puede ser el primer desaparecido en democracia», señaló Solá, afirmación que no parecen compartir en el gobierno nacional donde aún aguardan el milagro como que López se haya ocultado, o mimetizado entre vagabundos, temeroso de una represalia.

Este argumento ha sido rechazado por entidades defensoras de derechos humanos que para hoy impulsan una manifestación de masas que irá desde el Parlamento hasta Plaza de Mayo para poner en tensión a las fuerzas democráticas frente a lo que consideran un aviso mafioso de los sectores ligados al aparato represivo de la dictadura destinado a generar pánico entre muchos testigos que deberán ir con sus testimonios en las causas que por violaciones por derechos humanos avanzan en distintos tribunales del país.

Adriana Calvo, ex «desaparecida» en los años del terror, está convencida que hay un curso de acción ultraderechista para impedir que avancen los juicios contra los violadores a los derechos humanos. Ella acusó por TV a las autoridades de haber subestimado el caso.

Acaso hubo una lectura epidérmica de lo que pasa en el país. Es llamativo que el tribunal que condenó a Etchecolatz no haya protegido a un testigo tan importante como López, de 77 años, un albañil que ya estuvo secuestrado en los tiempos del terror y contó en el juicio detalles espeluznantes. Es probable que se suponga que no hay enemigos de temer aguardando hacer tronar el escarmiento por las condenas a los suyos. El mismo gobernador bonaerense reconoció que están aún en actividad cerca de un centenar de policías que tuvieron como destinos campos de concentración cuando la dictadura. Ahora se investiga todos los vínculos del comisario torturador con otros miembros de la policía bonaerense.

Calvo denunció que ya hay testigos que para otros juicios han pedido ser relevados de testimoniar. El mensaje produce efectos. La ex desaparecida cree que la técnica de no dar señales de vida de la víctima tiene un sello mucho más intimidante que si apareciera el cuerpo sin vida.

En el gobierno bonaerense temen que ocurra lo del estudiante Miguel Bru, detenido-desaparecido en 1993. Tres policías fueron condenados por el secuestro pero el cadáver jamás apareció.

El Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) protestó por la falta de protección judicial a los testigos y recordó que desde el restablecimiento de la democracia, hubo otros tres casos de desapariciones.

Ayer hubo nuevas marchas de movimientos sindicales y sociales reclamando la «aparición con vida» del obrero López. La cuestión ocupa la apertura de los noticieros. Cientos de miles de afiches con el rostro de López han sido pegados en lugares de fuerte actividad. El domingo, durante la transmisión de partidos de fútbol se exhibió el rostro del albañil, rogando por información. El gobierno bonaerense mantiene una recompensa de 200 mil pesos por quien brinde información fidedigna sobre este caso que conmueve a los argentinos. Regresan los peores fantasmas del pasado. *