Reclamo a De la Rúa

por Isidro Gilbert – corresponsal en Argentina

El reclamo se conoció en la prensa local. Por dos veces consecutivas la Cámara baja no alcanzó a aprobar una ley que contempla la segunda instancia judicial pero marcando taxativamente que para los actuales 13 detenidos por el asalto al cuartel de la Tablada en enero de 1989, no debe ser válido el computar dos años por cada uno de cárcel.

De todas maneras, se supone que de aprobar el Parlamento la segunda instancia, un juez puede dejar en libertad a los detenidos –actualmente en nueva y grave huelga de hambre– si se atiene a la ley y los considera procesados y no condenados en firme, como indica la CIDH.

El periodista Osvaldo Bayer denunció que la semana pasada a los familiares que fueron a pedir una audiencia al presidente, su secretario privado los hizo aguardar varias horas antes de atenderlos, un vejamen.

Hace pocos días se terminó por conocer el destino real de Iván Ruiz y Carlos Alberto Burgos, dos atacantes del cuartel de La Tablada, que integraban una lista de ocho desaparecidos y sobre quienes pesó, durante casi once años, un absurdo (o cínico) pedido de «captura recomendada».

El periodista Miguel Bonasso escribe en «Pagina/12″ detalles de lo que pasó. En marzo de ese año «los cuerpos  quemados con fósforo para borrar infamias  habían sido ‘despostados’ a pedido de los forenses.

Es decir, desprovistos de sus partes blandas. Extraña mutilación que parece reñida con la lógica forense y justifica lo que ha dicho la CIDH de la OEA sobre la manifiesta irregularidad de las autopsias practicadas a partir del 24 de enero de 1989, cuando las fuerzas del Estado argentino recuperaron el cuartel».

Y denuncia que en el cementerio porteño de la Chacarita fueron clandestinamente enterrados cinco cadáveres que dejarían sin identificar durante once años.

Muertos con captura

«Como en tiempos de Videla, se escamoteaban los cuerpos», comenta. «Tal vez, para evitar que se comprobara que al menos nueve de los 29 atacantes que murieron en el asalto a La Tablada fueron fusilados después de haberse rendido, en abierta violación a la Convención de Ginebra, el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución y los sentimientos humanitarios más elementales».

La abogada de los presos de La Tablada, Marta Fernández fue durante décadas la mujer de Carlos Alberto Burgos y la madre de Juan Manuel, uno de los jóvenes del MTP que fueron detenidos tras el ataque. En 1990 se entrevistó con Raúl Pleé el fiscal de la causa, para exigir algunas diligencias fundamentales que permitieran establecer si Burgos había sido asesinado después de rendirse.

Ninguna providencia fue entonces dispuesta y la letrada sólo recibió perfidias, como que su esposo se había fugado y no quería volver a verla. Es lo mismo que este periodista escuchó de la boca del ministro del Interior de Rafael Videla, Albano Harguindeguy, que comentó lo que le había transmitido a la viuda del secuestrado y luego asesinado general boliviano Juan José Torres: que su marido podía haberse ido con otra.

Los elementos probatorios de que cuando los atacantes se rindieron había vivos son apabullantes, y el fiscal Raúl Pleé, no podía desconocerlos.

Los científicos del Banco Genético del Hospital Durand (el mismo que utilizan las Abuelas de Plaza de Mayo), comprobaron que las fugas de Burgos, Díaz o Ruiz «sólo existieron en la cabeza de fiscales como Pleé».

«Afortunadamente el ADN resiste a ese fuego que el general Alfredo Arrillaga, comandante del ‘operativo de recuperación’, consideraba imprescindible para que ‘los subversivos, igual que las alimañas, abandonen su guarida'», escribe el autor de «Don Alfredo».

Una historia patética que reclama otro juicio.