La Iglesia y la tierra

Asimismo, advirtió sobre el peligro que queden en manos foráneas los recursos de aguas y el marginamiento de los pueblos originales.

Todo esto se dice en uno de los documentos religiosos más minuciosos de las últimas décadas que coinciden con denuncias similares que han hecho tanto la Federación Agraria Argentina que reúne a los medianos y pequeños productores, como la líder del ARI, Elisa Carrió, que viene pregonando desde hace rato sobre este asunto. Así, la Iglesia se pone del lado del creciente movimiento de campesinos pobres en varias zonas del país.

Con todo, los obispos sólo piden una «legislación» sobre estos temas y se despegan tanto de exigir una «reforma agraria» como la de expropiar grandes extensiones que han quedado en manos de extranjeros.

Una de ellas es en la provincia de Corrientes donde el empresario norteamericano, Douglas Tompkins posee 300 mil hectáreas en los esteros de Iberá. Hasta allí hace poco fue el subsecretario de Tierras para el Habitat Social, Luis D´Elía que rompió candados que impedían pasos de campesinos por esas tierras, generando una fuerte controversia. D´Elía presentó un proyecto de expropiación con indemnización y la creación de una reserva nacional. La Iglesia tomó distancia del funcionario como antes Néstor Kirchner del proyecto expropiador.

El documento de unas cien carillas denominado «Una tierra para todos» también advierte sobre el deterioro del medio ambiente y el avance de la deforestación. Subraya que el país, por ser un importante reservorio mundial de agua dulce, «se convirtió en un objetivo vulnerable a los intereses transnacionales que fomentan la privatización de las empresas públicas de agua». El latifundio del norteamericano Tompkins está en la zona del acuífero Guaraní, la gran reserva mundial de agua dulce, un recurso llamado a ser estratégico. Los grandes propietarios han puesto el grito en el cielo ante el reclamo religioso.

En el prólogo del trabajo el arzobispo Carmelo Giaquinta afirma que en un país extenso, con poca y concentrada población, la relación entre la cantidad de tierras y habitantes «es mala, posiblemente una de las peores en América Latina y tal vez en el mundo». Atribuye el proceso de concentración y extranjerización a «la venta de derechos de posesión de pequeños productores empobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras».

El Censo Nacional Agropecuario de 2002 mostró que el número de explotaciones agropecuarias se redujo un 20 % en los últimos 12 años. Y que «el 10 % de las explotaciones más grandes concentraba el 78 % del total de las hectáreas registradas, en tanto que el 60 % de las explotaciones más pequeñas no llegaba a reunir un 5 % de las mismas».

«En Catamarca, Mendoza y Neuquén, el 10 % de las explotaciones más grandes concentran el 90 % de las tierras rurales».

En el caso de los aborígenes, en el 48 % de las comunidades estudiadas «se han dado casos de intromisiones o apropiación de tierras indígenas por parte de particulares», sin que, en muchos casos, el Estado intervenga. O como en la provincia del Chaco, se pone de lado de los usurpadores. *