Evo Morales afronta fuerte turbulencia opositora en Bolivia

Una huelga convocada por organizaciones cívicas y empresariales, partidos de derecha y prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, afines a agrupaciones conservadoras, paralizó parcialmente esas cuatro ciudades y logró cerrar las fronteras con Argentina y Brasil.

Grupos antagónicos de opositores y oficialistas protagonizaron duros choques verbales y agresiones mutuas que obligaron a la policía a utilizar bombas lacrimógenas en Santa Cruz, Tarija y Cobija, capital de Pando.

El gobierno definió el paro como «parcial, armado y violento» y se impone por la fuerza «por hordas fascistas, sicarios» desplegados en calles y carreteras de esas cuatro ciudades.

El Comité Cívico Pro-Santa Cruz, que agrupa a organizaciones cívicas y empresariales, expresó «preocupación y pena por las actividades que han intentado efectuar algunos miembros del partido de gobierno, que ha buscado infiltrarse en la población con el único objetivo de provocar desmanes en lugares puntuales», según su presidente, Germán Antelo.

Morales, por su parte, consideró la noche del jueves que el paro obedece al «odio, al desprecio (que sienten esas élites) al movimiento indígena originario».

El gobernante de origen aymara-quechua dijo promover «un cambio en democracia, debatiendo los problemas sociales, los económicos» en el marco de una Asamblea Constituyente, que la oposición, radicada especialmente en Santa Cruz, la región más rica y poderosa del país, cuestiona fuertemente.

El ex mandatario controla cuatro de las nueve gobernaciones, luego de que los prefectos de Cochabamba y La Paz se desmarcaran de su control.

Morales, primer indio en ocupar el cargo en 181 años de vida republicana, dijo que la actitud de algunos «sectores que tratan de marginar, de excluir, de odiar, de despreciar, tiene que terminar».

«Cuando hablan de paro siento que es el odio, el desprecio al movimiento indígena originario, hemos recibido muchos insultos, nuestros constituyentes han recibido insultos, provocaciones», lamentó el mandatario.

Para hacer efectivo el paro en Santa Cruz, epicentro de la protesta, el poderoso comité cívico, que abandera las luchas autonomistas contra el poder central de La Paz, convocó a la población a resistir el supuesto avasallamiento de la región por parte de Morales.

El gobierno estima que la movilización, en la que participan activamente políticos liberales y conservadores, está financiada por terratenientes, latifundistas y multinacionales petroleras, cuyos intereses fueron afectados por un decreto de nacionalización de los hidrocarburos expedido en mayo.

La huelga es una «conspiración contra la nacionalización de hidrocarburos y una conspiración contra la Asamblea Constituyente», donde Morales intenta -con una mayoría absoluta, aunque insuficiente para obtener los dos tercios de los votos que necesita para hacer reformas- aprobar una nueva Constitución que establezca la «refundación del país».

La oposición, encabezada por Podemos, la formación de Quiroga, amparada en los comités cívicos de cuño conservador, resiste la propuesta de Morales.

En una decisión arriesgada, que desató la violencia en las calles, una Unión Cívica Juvenil Cruceñista, grupo de choque de la ultraderecha, movilizó centenares de activistas, muchos de ellos ebrios, para levantar barricadas y obligar a la población a acatar el paro.

La jornada de huelga fue empañada con un atentado con cócteles molotov contra la filial en Santa Cruz del canal estatal de televisión, afín al gobierno, y ataques a la oficina de Derechos Humanos y un albergue de médicos voluntarios cubanos.

En tanto, en la ciudad de Sucre (sudeste), oposición y oficialismo estaban a punto de alcanzar un acuerdo provisional para echar a andar la Asamblea Constituyente, causa principal del paro regional. *