Limitan los juicios por la verdad en Argentina

por Isidro Gilbert – corresponsal en Argentina

La Cámara de Casación Penal acotó los juicios por la Verdad que llevan a cabo varios juzgados federales.

El tribunal de alzada dictaminó que la búsqueda de la verdad histórica no puede obligar a un militar a declarar contra sí mismo. El tribunal reclamó además al Estado que dicte una norma correspondiente para que regule, siempre dentro del fuero federal, el mecanismo judicial para conocer el destino de los desaparecidos durante la dictadura.

Se supone que será el Parlamento Nacional el que deberá dictar esa norma, aunque bien podría tomar cartas en el tema, la Suprema Corte.

Las definiciones están vinculadas con el Juicio por la Verdad que se sigue en la Cámara Federal de Bahía Blanca, en el cual se investiga el destino de personas desaparecidas en el área de influencia del antiguo V Cuerpo de Ejército, entre 1976 y 1983.

Cuando ante ese juzgado fueron citados a declarar el teniente coronel en actividad Julián Corres, actualmente destinado en el área de Inteligencia en la provincia sureña de Santa Cruz, y los suboficiales retirados Santiago Cruciani y Armando Barrera todos se negaron a declarar y el tribunal de Bahía Blanca dispuso el arresto de Cruciani y de Barrera para que «recobraran la memoria».

Los dos militares retirados tuvieron que plantear recursos especiales para que se reviera la detención. Para los camaristas, los arrestos podrían ser considerados verdaderas sentencias sin causa penal que lo justifique. El tribunal de Casación revocó los «arrestos procesales» de Cruciani y Barrera y estableció que ninguno de los militares deberá volver a presentarse como testigo.

Fuentes de la Cámara Penal explicaron al diario «La Nación» que «los militares no pueden ser citados como testigos para contar todo lo que saben porque es una manera de autoincriminarse, ya que deben recordar sus acciones» vinculadas con las violaciones a los derechos humanos.

Beneplácito militar

La resolución de la Cámara Federal fue recibida con beneplácito en el ámbito militar. Voceros confiables de Ministerio de Defensa comentaron a LA REPUBLICA que en el Ejército el dictamen había sido interpretado como un avance para evitar que la Justicia siga citando a militares en actividad o retirados para que «recuerden» detalles de los operativos que se sucedieron durante la dictadura.

El jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, ha propuesto buscar una instancia superadora de la Justicia para alcanzar la verdad de lo sucedido con los desaparecidos durante la dictadura. Pero su propuesta de generar una «mesa de diálogo» no ha alcanzado eco entre los organismos de derechos humanos.

El vocero del Ministerio de Defensa dijo a este diario que efectivamente, pero no en forma oficial, las FFAA han manifestado su temor de que se produzcan detenciones en el exterior de militares que pudieran ser acusados de haber violado los derechos humanos como ocurre actualmente con el capitán de Ejército (r) Jorge Olivera en Italia y cuya extradición ha sido reclamada por Francia por su participación en el secuestro y desaparición de una ciudadana franco-argentina.

En México a la vez está detenido esperando su extradición a España, el capitán de corbeta (r) Ricardo Miguel Cavallo, con más de 200 cargos de torturas, asesinatos y desapariciones.

«Los dos son despreciados por sus armas: Cavallo estaba ya distanciado de la Marina y a Olivera la cancillería lo alertó de que no saliera del país».

«Lo que preocupa a los mandos actuales es qué puede pasar con viajes al exterior incluso de turismo colectivo organizado por distintas promociones ya que las listas archivadas en organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales, parecen no ser completas», añadió la calificada fuente a este periodista.

«Por ahora no hay otra salida de que veraneen dentro del país», meditó sonriendo. Negó además que desde el gobierno se impulse algún atajo para «salvar a Cavallo, que como Olivera no goza de respeto entre los militares».

«Ya lo dijo el Presidente: para ellos, únicamente auxilio consular. Como con cualquier detenido», resaltó.