Humala en el banquillo

Humala, un teniente coronel retirado del ejército que combatió a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en la década pasada, «no huirá del país y está dispuesto a demostrar su inocencia», dijo Carlos Tapia, uno de sus voceros.

Tapia aseguró que detrás de esta acusación hay un «tufillo político» porque los que se buscaría es hacer «desaparecer» a Humala como líder de la oposición, versión sostenida por el Partido Nacionalista, del que es fundador.

El congresista Daniel Abugattás, integrante de ese partido, refirió también que «habría una interferencia política» del gobierno de García, pero que ante los cargos en su contra el líder nacionalista responderá con una actitud de «colaboración y sumisión» ante la jueza Miluska Cano.

La magistrada decidió el jueves abrirle proceso por asesinato, desaparición forzada y lesiones graves, que habría cometido en 1992 durante la guerra antisubversiva, cuando era oficial activo del ejército y comandaba una base militar en la localidad de Madre Mía, en la selva central.

Cano también ordenó la prohibición de salir del país, el embargo preventivo de sus bienes y el pago de un depósito judicial de garantía por 20.000 nuevos soles (unos USD 5.000).

La jueza descartó este viernes que su decisión sea producto de maniobras políticas del actual gobierno.

«Quiero negar tajantemente que en este caso y otros exista injerencia política: no hay ninguna injerencia, ni presiones de ningún tipo», declaró a la emisora CPN.

Cano aseveró que existen testimonios directos e indirectos, así como un conjunto de elementos «suficientes» para abrir proceso, aclarando que no se requiere de «pruebas de culpabilidad plena», sino indicios que deben ser investigados para determinar la culpabilidad o no del procesado.

De ser encontrado culpable, Humala podría ser condenado a al menos 15 años de cárcel, sanción prevista para los delitos de asesinato y desaparición forzada.

Los temores sobre una injerencia política del gobierno se fundamentan en que la magistrada Cano en diciembre liberó de toda responsabilidad al presidente García de una acusación de encubrimiento de una matanza de más de 100 campesinos, perpetrada por militares, en la localidad surandina de Cayara en su primer gobierno (1985-1990), anotó Carlos Escobar, abogado de Humala.