Morales enfrenta una ola de protestas

Morales, que el martes logró frenar una huelga del transporte, que paralizó tres de las nueves ciudades principales bolivianas, intentaba frenar una huelga de hambre de dirigentes civiles de la región sudeste de Chuquisaca, en demanda de mayor atención oficial.

El gobernante, que reunió a su gabinete desde las 05H00 locales (09H00 GMT), perfiló un decreto supremo para la construcción inmediata de un aeropuerto en la ciudad de Sucre, capital de Chuquisaca, y también para la dotación de agua potable a zonas campesinas de esa región subandina de Bolivia.

Morales envió a su viceministro de Transportes Wálter Valda a dialogar con los huelguistas, entre ellos la alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, que exigen además presupuesto para la construcción de caminos y obras sanitarias.

«Hay respuestas para todas las demandas de la región» que alberga a la Asamblea Constituyente, instalada el 6 de agosto pasado y por medio de la cual el gobierno pretende refundar el país, afirmó Valda.

La administración Morales, que sale de sofocar una honda crisis política tras destituir a duras penas a su correligionario y titular de la compañía estatal de petróleos Jorge Alvarado, acusado de corrupción, trataba también de atemperar una huelga en el sureño departamento de Tarija.

Una organización cívica de esa región, que contiene los enormes yacimientos gasíferos del país, se declaró en huelga en solidaridad con pobladores de la frontera con Argentina, afectados por medidas restrictivas al comercio adoptadas por Buenos Aires.

«Prácticamente hemos llegado a un acuerdo» con los manifestantes, conocidos como ‘bagalleros’ (trasiegos de mercancías de una frontera a la otra), reseñó el cónsul boliviano en la población argentina de Salvador Mazza, Rubén Espinoza.

El agente consular dijo que la gestión de la cancillería boliviana no implicaba, por supuesto, modificación alguna en la política de Buenos Aires.

«No podemos permitir que por actitudes torpes y abusivas vayan a dejar en estado de inanición a esos pueblos y que desaparezcan» debido a restricciones al flujo comercial puestas en vigor por el gobierno argentino, declaró la víspera el presidente del comité cívico de Tarija, Francisco Navajas, opuesto a la administración Morales.

La mayor parte del flujo comercial en la zona es contrabando, destacó de su lado el viceministro de Régimen Interior, Rafael Puente.

La escaramuza más dura del gobernante izquierdista era librada con el combativo sindicato de maestros, de orientación trotskista que en demanda de un nuevo congreso para la educación y la renuncia o destitución del ministro del área, Félix Patzi, mantenía paralizadas las clases por segundo día consecutivo en el sector fiscal boliviano.

La medida de fuerza que comenzó el martes en las ciudades de La Paz y El Alto se extendió este miércoles a la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país.

El ministro de Trabajo Santiago Gálvez aseguró que el gobierno «descontará los días no trabajados» de los salarios de los huelguistas, que intentaban masificar su presión con la apertura de un piquete a ayuno voluntario en la sede de la matriz sindical Central Obrera en La Paz. *

 

Amenaza

Las organizaciones sociales de El Alto amenazaron este miércoles al presidente Evo Morales con retomar las protestas si descarta la tesis de «gas por mar» con Chile y recordaron que el pueblo boliviano tumbó en 2003 por esa causa a un presidente, con un alto saldo de muertos y heridos.