Zapatero redobla esfuerzos contra inmigración ilegal

«Si todos los países contribuyen, les aseguro que tendremos los medios suficientes», enfatizó el miércoles en Bruselas la número dos del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, después de reunirse con responsables europeos.

La vicepresidenta primera del gobierno español, que por segunda vez desde mayo fue enviada a Bruselas para «reclamar» apoyo de la Unión Europea (UE), insistió en que España necesita más medios para luchar contra la inmigración clandestina, a la luz de las incesantes oleadas de subsaharianos que en 2006 desembarcaron en el archipiélago canario (suroeste).

Tan sólo en agosto, 4.772 inmigrantes africanos ilegales llegaron a las Canarias, superando la cifra total de 2005, según cifras de la delegación del gobierno isleño. Desde enero, la cifra supera los 18.700 inmigrantes.

De la Vega criticó la «lentitud» europea para poner en marcha el operativo de vigilancia aérea y marítima de las costas africanas, principalmente Mauritania y Senegal -nuevas rutas de origen de la inmigración clandestina- a cargo de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex).

A mediados de agosto, cuando arreciaban las llegadas de clandestinos, la Frontex, que debería colaborar en la repatriación de irregulares con los cuales España tiene acuerdos en ese sentido, no había comenzado aún sus tareas, pese a que el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmaba que «todo el sistema de Frontex está preparado».

Según el diario El País, la patrullera italiana «Diciotti» que debía estar vigilando las costas de Senegal desde el viernes «lleva averiada 10 días en Cádiz» (sur).

Actualmente, vigilan las costas africanas la corbeta portuguesa «Baptista de Andrade, el buque español «Petrel I» y el avión italiano Surveyor.

Para «reforzar los mecanismos de cooperación», España envío a Mauritania la patrullera «Río Duero» y enviará a Senegal la «Río Gabriel», con la intención de abortar la salida de cayucos, precarias embarcaciones de fibra de vidrio, con candidatos a la inmigración clandestina a bordo.

A esos dos países viajó días atrás el ministro del Interior.

De cara a la opinión pública española y ante reclamos de los partidos políticos, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció una serie de iniciativas, entre éstas convocar a las comunidades autónomas (17) para analizar la llegada masiva de inmigrantes y su traslado a la península.

Según la legislación vigente, una vez que cumplen 40 días de internamiento en el punto de llegada -en general las islas Canarias- los clandestinos son puestos en libertad con un certificado de expulsión en la mano y enviados, en su mayoría, a España continental.

Más de 11.800 ilegales fueron trasladados en 2006 a la península y acogidos en su mayoría por Organizaciones No Gubernamentales, anunció el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien junto a su par de Interior explicará esta semana ante el Congreso de los Diputados las medidas adoptadas por el gobierno, que ya el opositor Partido Popular (PP, derecha) calificó de «nefastas».

«Que la vicepresidenta del gobierno de España acuda a Helsinki y Bruselas tarde y mal a buscar apoyos (…) indica que las medidas que ya se anunciaron hace meses no eran reales», sostuvo una responsable del PP de Tenerife.

Mientras tanto, 162 subasaharianos llegaron el martes en tres cayucos al sur de Las Palmas de Gran Canaria. *

Latinoamericanos

Unos tres millones de inmigrantes latinoamericanos se encuentran actualmente en los países de la Unión Europea, afirmó Pirjo Suomela-Chowdhury, encargada de Negocios en Chile de la embajada de Finlandia, país que preside el Consejo de la UE. Al intervenir en Santiago en el primer Coloquio sobre «Migración y Desarrollo, experiencias de la Unión Europea y América Latina», la diplomática sostuvo que la UE ha llegado a ser un importante destino para ciudadanos de otros países europeos, Africa del Norte y de Asia.