Rafecas estudia responsabilidad del ex presidente Fernando De la Rúa por sobornos en el senado

El juez Daniel Rafecas cerró el martes pasado la investigación que concierne a esos acusados y comenzó los trámites para su enjuiciamiento oral y público; el jueves, el fiscal Federico Delgado presentó la acusación, con lo que quedó superado el riesgo de prescripción de la causa.

El magistrado se concentrará ahora en De la Rúa, quien gobernó desde 1999 hasta su renuncia en diciembre de 2001, en medio de una rebelión popular que dejó más de 30 muertos.

El ex presidente fue acusado de avalar el pago de cinco millones de dólares a senadores opositores, con lo que consiguió la sanción de una ley laboral que reclamaba el Fondo Monetario Internacional (FMI). La imputación en su contra es de «partícipe de cohecho», delito que se pena con hasta seis años de prisión.

De la Rúa no se declara ajeno al episodio sino que lo niega. «El hecho no existió», afirma el ex presidente, quien atribuye todo a una conspiración en su contra, según explica en su reciente libro ‘Operación política’.

El juez debe definir si como reveló el arrepentido Mario Pontaquarto, ex secretario parlamentario del Senado y uno de los procesados, De la Rúa fue el anfitrión de una reunión en la Casa de Gobierno, el 4 de abril de 2000 donde, según el fiscal, «se consumó el pacto».

La maniobra ilegal siguió el 18 de abril cuando Pontaquarto retiró el dinero de la Secretaría de Inteligencia, a cargo del banquero Fernando de Santibañes, también acusado, y concluyó el 26 con el reparto de billetes en casa del senador opositor Emilio Cantarero, también procesado.

Los otros acusados son los ex senadores del ahora gobernante Partido Justicialista Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, y José Genoud, de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, el partido de De la Rúa, y el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique.

Una primera denuncia sindical del episodio derivó en un escándalo por la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez, quien no fue respaldado por De la Rúa cuando pidió una investigación, y fueron necesarios seis años para que finalmente el proceso judicial llegara a instancias definitorias.

La prueba clave es el testimonio de Pontaquarto, cuyo relato cuatro años después de los hechos fue encontrado coherente con el rastreo de llamados telefónicos de los imputados y el intercambio de comunicaciones entre ellos.

La versión del arrepentido fue reforzada en los últimos días por Sandra Montero, ex secretaria del senador Costanzo, quien dijo haber visto en aquella oportunidad un maletín con 300.000 dólares en la oficina de su jefe, a quien además denunció por haberla amenazado para que no atestiguara.

No obstante, el juez Rafecas consideraba que tenía pruebas suficientes antes de este nuevo testimonio, que le pone un broche de oro a la investigación.

Uno de los elementos considerados por el magistrado fue el momento político del episodio, dado que según el fiscal Delgado aquella ley era un objetivo «existencial» del gobierno, para satisfacer al FMI y demostrar que podía gobernar.

«El contexto político, en especial las extremas necesidades del gobierno y la fortísima posición de poder demostrada por los senadores justicialistas abonaron el camino que llevó a algunos representantes de aquél a abandonar la búsqueda del objetivo por medios públicos y lícitos, para pasar a procurárselo por un medio secreto e ilícito: el pago de millonarios sobornos a senadores de la oposición», dijo el magistrado al procesar a los acusados. *