Bush cuesta abajo

EN CONFERENCIA de prensa el lunes el presidente Bush declaró que no retirará las tropas de Irak en el resto de su mandato hasta enero 2009, contradiciendo el reclamo creciente de la sociedad norteamericana; convocó a una santa cruzada contra lo que llamó la «ideología islamista», en que involucró a sectores del Líbano, Irak y Gaza; urgió al Consejo de Seguridad a imponer sanciones a Irán si al 31 de agosto persiste en la producción de combustible nuclear. Tres días antes, una jueza federal ordenó interrumpir de inmediato el espionaje en las comunicaciones impuesto por el presidente en violación de la Constitución, y éste anunció que no acataría el dictamen.

 

Rechazo creciente

Por una parte, estas decisiones reflejan una política de guerra y agresión a ultranza, expresada en la presencia de tropas de ocupación yankis en Afganistán e Irak y la complicidad manifiesta con Israel en la dotación de armas y dinero para la invasión al Líbano y los ataques a los palestinos. En el plano interno, el desacato a la jueza significa retrogradar aún más en la vulneración de los derechos ciudadanos. En su conjunto, estos hechos generan un sentimiento de generalizada repulsa en la población, expresados en la caída en picada de los índices de popularidad de Bush.

Según tres estadísticas recientes, éstos oscilan entre 33% y 36%. Una encuesta de CNN da 42% de aprobación y 57% de desaprobación. Si la pregunta se refiere directamente a la guerra de Irak, los índices son aún más concluyentes: apenas el 26% opina que el gobierno marcha en la dirección correcta. Esto involucra a la población en general, pero alcanza también a sectores militares y a los parlamentarios de los dos signos. Un índice muy claro es que el senador demócrata Joseph Lieberman (que fue candidato a la vicepresidencia con Al Gore y apoya la política de Bush en Irak) fue derrotado en las primarias de su partido en Connecticut por Ned Lamont, quien centró su campaña en la oposición a la guerra. «Esto provocó escalofríos entre decenas de políticos que hasta ahora han apoyado la guerra», dice un comentarista. Es que el número de soldados muertos asciende ya a 2608 y seguirá creciendo, en un cuadro de repudio a las tropas de ocupación. Que no comprenden solo a los efectivos estadounidenses, sino a contingentes de mercenarios, entre ellos de colombianos especializados en la lucha antiguerrilla, que ahora desean repatriarse para huir de ese infierno.

Según Bush, Irán debe ser sancionado si no suspende el enriquecimiento de uranio, y pronunció esta sentencia lapidaria: «Si alguien se burla del Consejo de Seguridad, eso debe tener consecuencias».

 

Desafío a la jueza Taylor

No deja de ser curiosa esta invocación por parte de quien, en contubernio con Blair y Aznar, violó descaradamente las decisiones expresas del Consejo de Seguridad para descerrajar la invasión a Irak; y de quien brindó máximo apoyo a Israel en todos los órdenes para la invasión al Líbano, y luego retardó por más de un mes, vetándola precisamente en el Consejo de Seguridad, la resolución de tregua y alto al fuego. La guerra, aparte de los muertos y heridos, dejó en el Líbano pérdidas materiales estimadas en 6000 millones de dólares. En la conferencia de prensa, Bush anunció una generosa ayuda por 230 millones de dólares, incluyendo 25 toneladas de trigo.

El pasado jueves, la jueza federal de Detroit, Anna Diggs Taylor, emitió un fallo que ordena suspender el programa secreto de intervención de comunicaciones impuesto por la presidencia (escuchas telefónicas y control de correos electrónicos). Dijo que viola la ley y la Constitución, porque «no hay reyes hereditarios en EEUU ni ningún poder que no esté creado en la Constitución». Los acusados son el gobierno y empresas telefónicas como la AT&T. El diario USA Today dijo que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) había armado en este lapso una gigantesca base de datos, un espionaje sobre millones de ciudadanos. El New York Times, que destapó el tarro en diciembre pasado sobre el programa secreto («lo que provocó la furia del gobierno», según se dijo), opinó en su editorial del viernes que una sola jueza en Detroit ha hecho «lo que 535 legisladores del Congreso abismalmente han fracasado en hacer. Ha reafirmado el imperio de la ley sobre un gobierno sin ley».

 

Espionaje extendido

Bush salió de inmediato a la pantalla para declarar que no cumpliría el mandato judicial. Varios republicanos dispararon munición gruesa, acusando a la jueza de «activista liberal» para favorecer a los demócratas. Entre tanto, el día 19 la BBC de Londres informó que el director de Inteligencia John Negroponte anunció la creación de una misión especial para Cuba y Venezuela con la tarea de recolectar y analizar información clasificada de ambos países. *