Juez ordena detener espionaje autorizado por el presidente Bush

«No podríamos desaprobar más esta decisión», señaló el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, en un comunicado. La jueza federal Anna Diggs emitió el jueves una orden judicial que prohíbe el programa de vigilancia puesto en práctica por el gobierno de Bush y que ha sido usado para controlar a millones de ciudadanos estadounidenses. «Nunca fue la intención de los artífices (de la Constitución) otorgar al presidente un control sin límites, particularmente cuando sus acciones ignoran ostensiblemente los parámetros claramente enumerados en la Declaración de Derechos», escribió Diggs en su fallo de 44 páginas.

Snow informó que el ministerio de Justicia interpuso una apelación y que la aplicación de la decisión judicial quedará suspendida hasta una audiencia prevista el 7 de septiembre.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), con autorización de Bush, puso en práctica un programa de escuchas telefónicas, sin orden judicial, luego de los atentados del 11 de septiembre para monitorear las llamadas entre Estados Unidos y el extranjero, lo que fue revelado en diciembre pasado por la prensa estadounidense.

Este programa «se ha revelado como uno de los instrumentos más vitales y eficaces de la guerra contra el terrorismo», aseguró Snow. «Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos confirmaron que este programa ayudó a detener ataques terroristas y a salvar vidas de estadounidenses», agregó. Snow apeló a la revelación, la semana pasada en Gran Bretaña, de un presunto plan terrorista contra aviones con destino a Estados Unidos, para indicar que este país sigue bajo amenaza.

La jueza Diggs respondió a una demanda presentada ante un tribunal federal de Detroit (Michigan, norte) contra la NSA por la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), a pedido de periodistas, abogados, profesores y otros trabajadores que alegaban que no podían desarrollar su trabajo por miedo a que sus comunicaciones fueran monitoreadas.

La ACLU también demandará a las compañías telefónicas que participaron en el programa, al asegurar que violaron las obligaciones con sus clientes.

El gobierno de Bush reconoció la existencia del programa, pero aseguró que se ajustaba a los «poderes de guerra» del presidente y que sólo tenía como objetivo a las organizaciones terroristas.

Según la «Foreign Intelligence Surveillance Act», aprobada en 1978 y regularmente enmendada, el Congreso fijó las reglas que se deben seguir en materia de espionaje telefónico. *