Megajuicios contra funcionarios chinos

Pekín, ANSA

Cientos de ex funcionarios chinos, algunos de primera línea y cuya identidad no se reveló, comparecieron ayer en tribunales de cinco ciudades del sur del país acusados de estar involucrados en una fabulosa red de contrabando, en el mayor escándalo de corrupción en 51 años de régimen comunista.

China castiga la corrupción con la pena de muerte por lo que –según versiones difundidas en Hong Kong–, el proceso puede llegar a costarle la vida a al menos 10 altos funcionarios del partido.

Los debates se celebran a puertas cerradas y en el mayor secreto. Las fuentes oficiales se limitaron a confirmar que el proceso se celebra en cinco ciudades del Fujián, sin aclarar el nombre de los imputados ni los cargos que se le atribuyen.

La orden de máxima reserva fue impartida desde Pekín, que envió un equipo de 740 investigadores que a lo largo de trece meses investigaron en las arenas movedizas del gigantesco caso de contrabando que sobrevivió por años gracias a la cobertura de dirigentes del partido y del gobierno del Fujián y quizás aún más encumbrados.

El caso nació cuando la sociedad Yuanhua, dirigida por Lai Changxin, ciudadano de Hong Kong pero originario de Fujián, organiza una red de tráfico de petróleo, automóviles, piezas de computadoras, cigarrillos y otras mercaderías por una cifra estimada entre los 5 y los 9.600 millones de dólares, gracias a sus conocidos influyentes, reveló la prensa de Hong Kong.

El Orient Group, cuyo director compareció ayer frente a la justicia, ayudaba a suministrar falsos permisos de importación a cambio de una cifra equivalente a 2 millones de dólares anuales, mientras que el principal imputado, Lai Changxin, está prófugo. El secreto impuesto por Pekín sobre el caso de corrupción más grave de la historia de la China comunista tiene sus riesgos, ya que el silencio de la prensa oficial desató miles de rumores que se difunden a través de los sitios de Internet y en los diarios de Hong Kong.

Una de las versiones más difundidas asegura que entre los implicados se encuentra la ex mujer del actual secretario de la célula de partido de Pekín, Jia Qinglin, uno de los 22 miembros del poderoso buró político del Partido y gobernador o vice-gobernador en el Fujian, durante diez años, hasta 1995.

En un intento por neutralizar las sospechas, los órganos oficiales desmintieron incluso el divorcio de Jia, ocurrido según fuentes bien informadas, en diciembre del año pasado.

Jia Qinglin es amigo personal del secretario general Jiang Zemin y fue testigo de su boda, un hecho que jugaría a favor de la hipótesis de que el ex gobernador cuenta con la protección de Jiang.

El gobierno ordenó la primera investigación secreta y lo clasificó como «caso 4-20″, pero según el diario de Hong Kong Shangbao, los hechos se conocían por lo menos desde un año antes.

Según el diario de Hong Kong, el primer ministro Zhu Rongji se negó a saludar en ocasión del Año Nuevo lunar de 1998 a Lai Changxin, directivo de Yuanhua, porque ya conocía de sus actividades delictivas. El periódico no intenta ahondar en las razones por las que el gobierno no intervino entonces antes para frenar el tráfico.