Cavallo volvería a Argentina

México, AFP

El gobierno argentino «busca elementos para montar una acusación penal» contra Ricardo Miguel Cavallo para pedir su extradición de México y evitar que sea llevado a España, donde es acusado de tortura y genocidio, aseguró ayer miércoles el periódico Milenio.

Según Milenio, que atribuye su información a «fuentes gubernamentales», la acusación sería por «delitos fiscales». «De prosperar las acusaciones en Argentina, el gobierno mexicano aplicaría la norma de ‘primero en tiempo, primero en derecho’, lo cual significaría optar por la repatriación del ex militar».

Cavallo, director en México del Registro Nacional de Vehículos, fue detenido el pasado 24 de agosto en una escala del vuelo que lo trasladaría a Argentina, el mismo día que un periódico mexicano reveló que había actuado en la represión en aquel país durante su última dictadura militar (1976-83).

El martes, el juez español Baltasar Garzón pidió al gobierno español gestione la extradición de Cavallo ya que «dado su grado de responsabilidad jerárquica que ostenta, es claro que participó en todo el sistema de represión, desaparición de personas, delitos contra la propiedad y allanamientos que se desarrollaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)».

De acuerdo a Milenio, el caso Cavallo se le ha convertido a México en «una papa caliente» y su entrega a Argentina «significaría un alivio a la política exterior de México».

Ello porque «desde el punto de vista jurídico y de derecho internacional, la detención de un ciudadano argentino a solicitud de un juez español nada tiene que ver con el convenio de extradición que ambos países tienen suscrito, sino con el polémico tema de la extraterritorialidad de la Justicia». Cavallo no puede ser juzgado en Argentina por las acusaciones de represión o asesinatos ya que está amparado por las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, aprobadas por el gobierno de Raúl Alfonsín, del mismo partido al que pertenece el actual presidente, Fernando de la Rúa.

De la Rúa estuvo la semana pasada en México y sobre el caso Cavallo sólo señaló que su país defiende el principio de territorialidad de las leyes y se le brindaría asistencia consular.

Acusado ante los tribunales españoles de los deltios de genocidio, terrorismo y tortura, desde su captura hubo decenas de testimonios –algunos vertidos ante Garzón, otros ante medios de comunicación– de personas que afirman lo vieron actuar en la ESMA.

Entre ellos figura el relato del periodista Juan Gasparini, que estuvo secuestrado en ese lugar, y culpa a Cavallo del asesinato de su esposa y de una amiga de ésta.

En Madrid, Carlos Slepoy, quien representa a un grupo de víctimas de las dictaduras de Chile (1973-90) y de Argentina (1976-83), afirmó que con la decisión de Garzón adoptada el martes «no hay ningún motivo jurídico ni mucho menos moral para que la extradición no prospere».