El vicepresidente Alvarez quiere que lo dejen indagar

Es investigado el juez de los sobornos

Atención: no se trata de una «conspiración de los medios», sino el reflejo de la realidad. Cuando ésta asume características cercanas al desastre, sí ocupa espacios relevantes. Ocurre estos días con la situación planteada en el seno del PAMI, la obra social de los jubilados que debe atender a más de cuatro millones de afiliados. Gran parte de ellos no reciben atención por el boicot de las clínicas que se ocupan de los análisis y las radiografías, que sostienen que el PAMI –intervenido por la Alianza para limpiarla de su corrupción estructural– no paga sus servicios.

El caso de los sobornos ahora pone al juez de la causa, Carlos Liporace, en el centro de la burbuja. No tanto por si adopta nuevas diligencias para encontrar la verdad, sino porque tanto en otro Juzgado como en el Consejo de la Magistratura, lo investigan por supuesto enriquecimiento ilícito.

Hay datos que avalan esa posibilidad. La revista «XXIII» exhibió una fotografía de la nueva residencia del juez cuyo precio estimó en 1,5 millones de dólares. La publicación demostró que con los ingresos del magistrado, de su esposa e hijos, nunca podría ahorrar para pagar los créditos que –dijo Liporace– consiguió para pagar una parte de la mansión. El resto lo sacó de la alcancía.

Es lo que creen varios integrantes del Consejo de la Magistratura que atiende un posible juicio político al magistrado. A él le tocó en suerte tomar la denuncias sobre los sobornos que el vicepresidente de la Nación, Carlos «Chacho» Alvarez, presentó a la Justicia. Estaba de turno y allí entró el expediente presentado por Alvarez, acordado con Fernando de la Rúa.

Curioso: el juez que investiga la corrupción en la Cámara alta es a la vez buceado para ver si él mismo no es un corrupto. Sus antecedentes son sospechosos porque favoreció a personajes del menemismo acusados también de estafadores o corruptos, encontrándole siempre la vuelta.

Juez en apuros

Por ejemplo: en el caso de una demanda de la DGI (un organismo estatal) por evasión de impuestos por parte de un propietario de un gran frigorífico, Liporace lo liberó porque consideró que Alberto Samid, un amigo de Carlos Menem, no era el jefe de la asociación ilícita que armó la evasión sino su padre, un hombre que yace bajo tierra.

Con esta argucia, lo liberó de ir preso. Y hay muchos casos más, tantos como juicios políticos pedidos tiene.

Por eso se estima que el juez subió la apuesta con las incriminaciones para cubrirse en salud. El esquema sería así: nadie me tocará mientras dure la investigación, porque la gente la entenderá como una represalia o para ocultar la pesquisa, frustrarla.

Alvarez, y no solamente él dentro del gobierno, es de los que sostienen que de todas maneras, no debe molestarse ahora al juez. Pero es inevitable que Liporace deba enfrentar el reclamo por el origen de su fortuna.

En este contexto, se destapan nuevas ollas. Un periodista norteamericano, Martín Andersen, que escribe actualmente una historia sobre la Policia Federal argentina, denunció en el diario «Pagina/12″ que hubo coimas millonarias en la Cámara baja cuando en 1996 se votó una ley sobre patentes, que fue muy cuestionado por los laboratorios extranjeros.

La denuncia del ex free lance de varias publicaciones de los EEUU (actualmente escribe en el Washington Times) ya encontró eco en dos fiscales que han pedido que el periodista testimonie en un caso que envuelve al ex diputado nacional por el peronismo, Claudio Sebastiani, pero que puede arrastrar a otros más y no solamente de ese partido.

Esperando a Fernando

Mañana retorna al país desde China Popular el presidente De la Rúa. Mucho se escribe estos días sobre los diferentes enfoques entre él y Alvarez, sobre cómo debe seguir encarándose el tema de los sobornos y en el reencuentro del binomio saldrá la fumata.

Lo cierto es que el escándalo genera otras tensiones.

Por ejemplo, el ministro del Interior, Federico Storani, un hombre de confianza de De la Rúa, detectó y abortó un curso de acción impulsado desde un sector de la Secretaría de Inteligencia del Estado, para exhibirlo como el que consiguió los fondos para pagar las coimas.

Lo curioso es que el hombre de Inteligencia que pergeñó la intriga y que le costaría el cargo, es el tercero en la jerarquía de los espías y también un hombre del círculo más cercano al Presidente. ¿Por qué lo hizo? Ni las fuentes cercanas a Storani alcanzan a dar una explicación.

«Si se cree que los dos de arriba (es decir el Presidente y el vice) están de riña, más abajo comienzan a operar por su cuenta o a pasarse facturas», le dijo a este diario un ministro de otra cartera. Tal vez.

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