Reclaman investigar el asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh

Piden desde el gobierno de Néstor Kirchner que se avive la investigación sobre el asesinato del gran escritor Rodolfo Walsh, en marzo de 1977 cuando una patrulla de la marina quiso secuestrarlo pero el autor de «Operación Masacre», al querer resistir, fue muerto a balazos.

No es el primer reclamo que hubo en estos años, pero ahora la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante ante el juez Sergio Torres que instruye la causa que se encamina al juicio oral.

De esta manera, cuando el proceso llegue a juicio oral esa cartera, que encabeza el abogado Eduardo Luis Duhalde, se sumará en la acusación a los querellantes ya existentes. Según los testimonios acumulados, varios de los represores ya procesados por la Justicia no sólo saben cómo murió Walsh, sino también podrían responder sobre el destino de sus escritos, saqueados de su casa de San Vicente, en el sur de esta ciudad, luego del operativo.

Admitido como querellante, el organismo puede pedir medidas de prueba y otras iniciativas para tener intervención efectiva en el desarrollo del expediente.

La Secretaría de Derechos Humanos participa así en causas como esta, en las que «están en juego delitos de acción pública, en los que el Estado tiene la obligación legal, indelegable e irrenunciable de investigar». Además, de acuerdo con lo establecido a través de las normas internacionales conocidas como de Ius Cogens, los Estados deben combatir la impunidad definida como «la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana».

La vida de Walsh estuvo signada por la defensa (y denuncias) de grandes causas. «Operación Masacre», fue el gran relato de finales de los 50 sobre los fusilamientos contra militantes peronistas en 1956 que estaban acusados de levantarse contra la dictadura militar del general Pedro Aramburu. En 1977, al cumplirse un año del golpe de Estado que abrió el camino al terrorismo estatal, Walsh envió a la Junta una carta denunciando la existencia de campos de exterminio y acusando a las FFAA. de implantar el terror para imponer un modelo económico-social de desindustrialización y exclusión. Al día siguiente, cuando chocaba cartas en un buzón cercano a Plaza Constitución, moría enfrentándose con los miembros de un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Tenía 50 años.

El 20 de julio la Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos por un millón de pesos del represor Alfredo Astiz y otros nueve integrantes de aquella patota, en la causa que instruye el juez federal Torres, colocándolos en camino del juicio oral y público.

Además, la Sala II de la Cámara Federal prorrogó por un año la prisión preventiva que cumple Astiz aunque en la causa por el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonnie René Duquet, entre otras víctimas de la dictadura, durante su actuación de la ESMA. Confirmó así una resolución en el mismo sentido que había sido tomada por el juez federal Sergio Torres.

Tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que frenaron las investigaciones de los delitos cometidos durante la última dictadura para aquellos que «cumplieron órdenes», la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa ESMA con el objetivo de esclarecer el destino de quienes pasaron por ese centro de detención clandestino entre 1976 y 1983. Malherido, Walsh murió en la ESMA. *