"Los delitos de lesa humanidad no prescriben" en Argentina

Condenaron a 25 años de cárcel a un torturador de la dictadura

«Es un fallo importante», declaró el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, al referirse a la primera condena contra violadores a los derechos humanos tras la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, arrancadas al gobierno de Raúl Alfonsín bajo presión militar. La anulación de las llamadas «leyes del perdón» fue una de las grandes batallas libradas por las organizaciones por los derechos humanos.

El Presidente Néstor Kirchner sumó toda su autoridad para que el año pasado el Parlamento las derogara y la Suprema Corte de Justicia las declarada inconstitucionales.

Este juicio inauguró los cientos de procesos de crímenes de lesa humanidad que están incoados contra militares, policías y civiles responsables de esa tragedia argentina. La causa fue patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El acusado se negó a hacer su descargo antes de conocerse la sentencia aguardada con ansiedad en los aledaños de los tribunales federales donde hubo algunas muestras de desagrado.

El tribunal declaró que «los delitos de lesa humanidad no prescriben» pero se acercó al pedido del fiscal, Raúl Perotti, que propició una condena de 24 años, y seis meses contra 50 años que reclamó la querella.

El fiscal ha sido denunciado como partícipe del sistema represivo de los años de terror y pedida su remoción, una respuesta que aún no dio el Procurador, Esteban Righi.

A Simón se le imputó responsabilidad no sólo respecto del secuestro de las víctimas y su consiguiente cautiverio, sino también de la permanencia en el tiempo de estas conductas, dado que al día de hoy continúan desaparecidos y el imputado sigue ocultando información acerca de su paradero.

Durante el cautiverio, se acreditó que el matrimonio fue sometido a padecimientos y sufrimientos físicos y psíquicos de toda especie.

En relación con José Poblete, Simón aplicó picana y le quitó su silla de ruedas, lo que le trajo aparejado la necesidad de moverse sobre sus muñones.

También lo obligó a pelear con otro detenido bajo la amenaza de someterlo a la picana, una práctica que los sobrevivientes describieron como «circo romano»; lo conminó a mantener relaciones homosexuales con otro detenido. Respecto de Gertrudis, se demostró en el juicio que Simón, entre otros vejámenes la obligó a mantener relaciones sexuales y le mintió con el destino de su beba.

Claudia Victoria Poblete fue secuestrada con su madre el 28 de noviembre de 1978. Permaneció en el «Olimpo» y más tarde fue entregada a los apropiadores Ceferino Landa y Mercedes Beatriz Moreira, el día 30 de noviembre de 1978. Simón informó al matrimonio Poblete-Hlaczik que la beba había sido entregada a sus abuelos maternos.

Hasta febrero de 2000 el destino de la menor no fue conocido.

La querella sostuvo que «los testimonios escuchados ayudaron a reconstruir la verdad histórica» ante «la deliberada destrucción de documentos y huellas, el anonimato en el que se escudaron sus autores».

La no prescripción de los delitos de lesa humanidad ya estaba establecida por la Suprema Corte. *

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