La CIA y el golpe en CHILE

Washington, ANSA

El 7 de agosto último, el diputado George Miller llamó por teléfono al director de la central norteamericana de inteligencia externa, George Tenet, pero ese día, el jefe de la CIA estuvo muy ocupado, ya que no pudo, o no quiso, responder al llamado del legislador demócrata.

Miller es uno de los políticos estadounidenses más involucrados en el reclamo para que la CIA termine de desclasificar sus documentos secretos relacionados con el golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973 en Chile, los movimientos desestabilizadores previos y la dictadura que le siguió.

Pocos días antes de la llamada de Miller, Tenet había recibido una carta de la diputada por California Nancy Pelosi, quien le expresaba sus preocupaciones alrededor del mismo tema, la reticencia de los espías a terminar de entregar todos los archivos sobre Chile.

El 11 de agosto, ante semejante presión, Tenet le escribió unas líneas a Miller, agradeciéndole la llamada y decirle: «Estoy totalmente comprometido en revelar todos los documentos que se pueda, mientras protejamos todo lo que debamos proteger».

Sin embargo, el compromiso de Tenet no pareció ser suficiente para numerosos legisladores norteamericanos.

Así lo dejó en claro Pelosi, quien en su carta le señalaba su «consternación» al enterarse de que, «mientras el proceso de desclasificación entra en su etapa final, el Directorio de Operaciones (de la CIA) está otra vez resistiéndose a someterse a las directivas del presidente y está poniendo en duda su garantía de que los documentos serán revelados».

La información contenida en los «files» secretos, según denunció en julio John Carlin, el director de los National Archives and Records Administration (NARA) comentando los obstáculos impuestos por la CIA, podría salpicar incluso a ex presidentes de Estados Unidos.

En una carta dirigida al consejero nacional para la Seguridad Nacional, Samuel Berger, Carlin dijo que la NARA «quedó muy sorprendida y disgustada al enterarse de que la CIA pueda dar marcha atrás en sus obligaciones muy específicas (…) respecto de la desclasificación de registros» para el proyecto Chile.

«Estoy especialmente preocupado –dijo Carlin– por la posibilidad de que esta actitud de último momento deteriore la integridad global del proyecto y resulte en una significativa reducción de la difusión completa de los documentos sobre estos importantes eventos históricos, particularmente de (los producidos por) las administraciones Nixon, Ford y Reagan».

En su gira por América del Sur, a mediados de agosto, la canciller Madeleine Albright aseguró a los gobiernos de Chile y Argentina, y a las organizaciones de derechos humanos en ambos países, que Washington dará a conocer «miles de documentos» sobre las dictaduras que gobernaron la región en los 70 y 80.

«La enormidad de este proyecto refleja nuestro compromiso por aclarar el registro histórico de este altamente controversial período en nuestra relación bilateral», dijo la ministro en Santiago de Chile.

Sin embargo, apenas retornada a Washington, Albright debió reunirse con Tenet para renovar las presiones por una apertura total de los archivos de la CIA.

«Yo creo –dijo Kornbluh– que lo que la CIA realmente teme es a renovar el debate sobre la razón de ser de las operaciones encubiertas de Estados Unidos, en especial contra naciones democráticas como Chile» en los primeros años de la década del 70. «No hay duda –completó– que esos documentos contienen información sobre acciones que la mayoría de los ciudadanos del mundo, y de Estados Unidos, considerarían vergonzosos y violatorios de los derechos fundamentales, registros de los esfuerzos por derribar una democracia y sostener una dictadura».

Varios diputados estadounidenses, y hasta el jefe de los Archivos Nacionales, expresaron su preocupación por la resistencia de ciertos estratos de la CIA a revelar parte de sus archivos relacionados con el golpe militar y la dictadura chilena (1973-90).

El 7 de agosto último, el diputado George Miller llamó por teléfono al director de la central norteamericana de inteligencia externa, George Tenet, pero ese día, el jefe de la CIA estuvo muy ocupado, ya que no pudo, o no quiso, responder al llamado del legislador demócrata.

Miller es uno de los políticos estadounidenses más involucrados en el reclamo para que la CIA termine de desclasificar sus documentos secretos relacionados con el golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973 en Chile, los movimientos desestabilizadores previos y la dictadura que le siguió.

Pocos días antes de la llamada de Miller, Tenet había recibido una carta de la diputada por California Nancy Pelosi, quien le expresaba sus preocupaciones alrededor del mismo tema, la reticencia de los espías a terminar de entregar todos los archivos sobre Chile.

El pasado 11 de agosto, ante semejante presión, Tenet le escribió unas líneas a Miller, agradeciéndole la llamada y «decirle que estoy totalmente comprometido en revelar todos los documentos que se pueda, mientras protejamos todo lo que debamos proteger».

Sin embargo, el compromiso de Tenet no pareció ser suficiente para numerosos legisladores norteamericanos.

Pelosi, quien en su carta le señalaba su «consternación» al enterarse de que, «mientras el proceso de desclasificación entra en su etapa final, el Directorio de Operaciones (de la CIA) está otra vez resistiéndose a someterse a las directivas del presidente y está poniendo en duda su garantía de que los documentos serán revelados».

La información contenida en los «files» secretos, según denunció en julio John Carlin, el director de los National Archives and Records Administration (NARA) comentando los obstáculos impuestos por la CIA, podría salpicar incluso a ex presidentes de Estados Unidos. En una carta dirigida al consejero nacional para la Seguridad Nacional, Samuel Berger, Carlin dijo que la NARA «quedó muy sorprendida y disgustada al enterarse de que la CIA pueda dar marcha atrás en sus obligaciones muy específicas (…) respecto de la desclasificación de registros» para el proyecto Chile. «Estoy especialmente preocupado –dijo Carlin– por la posibilidad de que esta actitud de último momento deteriore la integridad global del proyecto y resulte en una significativa reducción de la difusión completa de los documentos sobre estos importantes eventos históricos, particularmente de (los producidos por) las Administraciones Nixon, Ford y Reagan».