El FBI cometió un error

Los Angeles, ANSA

El doctor Lee, un científico del prestigioso centro de investigaciones militares de Los Alamos en Nuevo méxico, fue acusado de haber robado secretos de un arsenal de armamentos nucleares y haberlos vendido al gobierno chino a partir de 1995.

Si hubiese sido condenado por alta traición, el doctor Lee habría corrido el riesgo de ser condenado a la pena de muerte.

Su liberación cierra uno de los más clamorosos y controvertidos casos de espionaje del período de la postguerra en Estados Unidos.

Además de plantear cuestiones sobre la seguridad de los secretos militares conservados en Los Alamos, la situación desencadenó polémicas sobre los métodos investigativos del FBI.

La agencia de espionaje norteamericana, que sospechaba la existencia de un «topo» filochino en Los Alamos, fue acusada de parte de grupos para la defensa de los derechos civiles y de la comunidad asiático norteamericana de racismo por haber puesto bajo vigilancia sólo a Wen Ho Lee, un ciudadano norteamericano nacido en Taiwan, y no a otros de sus colegas.

El caso adquirió proporciones tales como para ser tema de debate en el Parlamento de parte de una comisión que indagaba independientemente sobre el presunto espionaje «filochino» en Los Alamos.

En el curso de los procedimientos legales de los últimos meses, sin embargo, surgió que el FBI no tenía ninguna prueba convincente de la culpa del doctor Lee y de este modo el investigador del caso, Robert Messemer, admitió en agosto que había proporcionado un testimonio inadecuado. Lee confirmó solamente que había descargado de las computadoras de Los Alamos una masa de datos secretos sobre una computadora no protegida y este será, en definitiva, el único de los 59 motivos de imputación del que deberá defenderse.

Su liberación fue negociada por el FBI y sus abogados, y hoy debe recibir sólo la aprobación formal, dada por cierta, del juez del tribunal de Albuquerque, Nuevo México, que siguió los procedimientos legales.

Muchos observadores creen que el FBI y el Ministerio de Justicia optaron por la resolución extrajudicial del caso para evitar tener que manejar documentos secretos sobre armamentos nucleares norteamericanos.