Caza represores

Santiago, Reuters

Un grupo de jóvenes chilenos decidió dejar de pedir justicia por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y optó por tomarla en sus manos, aunque sin violencia. El movimiento «La Funa» denuncia públicamente, en sus casas o empleos, a los protagonistas de la «guerra sucia» durante el régimen que encabezó Augusto Pinochet, de 1973 a 1990.

«Es una manera de hacer justicia social», dijo un portavoz del movimiento.

En la jerga de los adolescentes chilenos «funar» significa «desenmascarar». Aunque su origen etimológico, en la lengua de los indígenas mapuches que habitan el sur del país, el término es más revelador y equivale a «podrir».

Los miembros de La Funa no creen en la Justicia formal, pese a que Pinochet está por primera vez a las puertas de ser procesado en Chile por crímenes durante su régimen, luego de que la Corte Suprema lo despojó de su fuero parlamentario en agosto.

«Queremos que la justicia social opere, ya que la Justicia ordinaria no opera, pues existe una ley de amnistía que libera de culpa a los autores de las violaciones», explicó uno de los integrantes de La Funa, Yuri Gaona. La ley de amnistía fue dictada en 1978 bajo la dictadura de Pinochet, para cubrir delitos ocurridos entre 1973 y la fecha de su promulgación.

Su interpretación jurídica original impedía investigar casos como los de más de 1.000 detenidos desaparecidos.

Pero esa manera de aplicar la ley ha cambiado y los tribunales realizan ahora indagaciones para encontrar los restos de desaparecidos, bajo la figura jurídica del secuestro permanente que no tiene prescripción: mientras no aparecen los cuerpos, hay secuestro. Esa es la jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema chilena en varios fallos que han permitido reabrir procesos por casos de desaparecidos.

Y de hecho, el secuestro permanente es el delito por el que los tribunales pueden procesar a Pinochet.

Pero los miembros de la Funa creen que la aplicación de la ley es aún débil, ya que en los casos en que se han encontrado cuerpos de desaparecidos, los jueces dictan la amnistía y los procesos se detienen.

La idea de La Funa es que los represores acusados sufran, al menos, la ignominia pública. «Si no hay justicia, hay funa».

La Funa surgió en octubre de 1999, cuando algunos jóvenes seguían los pasos del proceso que enfrentó Pinochet en Inglaterra, donde permaneció arrestado por más de 16 meses a petición de un juez español, acusado de genocidio.

En una de las reuniones se fraguó la idea de que esa denuncia contra el ex dictador se hiciera extensiva a otros responsables de las violaciones a los derechos humanos. Aunque en varios países de América Latina existen movimientos de características similares, la Funa chilena no se identifica directamente con ellos. Más bien, se reconocen como seguidores de grupos cazadores de nazis que surgieron en Europa el término de la Segunda Guerra Mundial.

Todas sus acciones son repentinas. Sus integrantes se organizan de un día para otro, sin despertar sospechas. Se reúnen en un lugar cercano al del acusado («funado»), marchan por la vía pública, realizan un acto de denuncia frente a la casa o el lugar de trabajo del presunto criminal y se van.

Nueve supuestos criminales han sufrido ya el descrédito público. Entre ellos, varios ex agentes de la polícia política que operó en los primeros años de la dictadura. Y los miembros de La Funa ya anunciaron que en setiembre volverán a atacar.

Los afectados por las denuncias no han reaccionado públicamente. Pero el gobierno del socialista Ricardo Lagos y políticos opositores son críticos al movimiento, al que acusan de ejecutar «asesinatos de imagen».

«Me huele a tomarse la justicia por su propia mano», dijo Jorge Burgos, subsecretario del Interior. La mayor oposición a La Funa ha venido de parte del diputado derechista Maximiano Errázuriz, quien entabló una querella criminal por asociación ilícita contra el movimiento. «Hay que ser respetuoso del estado de derecho … No pueden hacer justicia por sí mismos, para eso están los tribunales», dijo. Pero en La Funa no se sienten afectados. «Lo que hacemos no constituye, en la ley chilena al menos, ningún delito», respondió Yuri Gaona.