Legisladores y ministros podrán ser requeridos por la Justicia

Por Isidoro Gilbert

Con esta ley avanzada, el Parlamento alejó, sin embargo, el fantasma de las suspensiones de senadores, como lo reclamó el juez Carlos Liporaci, que sigue la causa del posible soborno en la Cámara alta cuando se aprobó la ley laboral.

Con todo, por primera vez en la historia se sanciona una ley que pone límites a los jueces cuando éstos piden desafueros: la norma indica que los legisladores pueden ser interrogados como sospechosos (declaración indagatoria) por la Justicia, y hasta procesados, sin necesidad de sacarlos de su banca.

Como indica la Constitución Nacional, la ley aclara que la inmunidad corre sólo para el caso en que deban ser arrestados, no antes.

De esta manera, mientras por el nuevo instrumento se avanza en la clarificación de la política, por el otro, le sirve a los senadores sospechosos de soborno para no tener que desprenderse de sus fueros, aunque deberán concurrir al juzgado cuando los cite el juez. Queda una duda: si el magistrado los procesa, ¿podrán votar los legisladores, o en este caso puntual, los senadores, las leyes que se debatan mientras no se les pida el arresto?

En caso de cohecho (coimas), por ejemplo, el procesamiento implica de hecho la prisión preventiva, lo cual sí exige la aprobación del desafuero del legislador afectado. La nueva ley fija un plazo máximo de 180 días para que la Cámara fije su posición, a diferencia de la actual, que no tenía límite. Si en lugar de cohecho fuera dádiva, un delito de menor dimensión punitiva, el legislador podría retener su condición de tal y votar una ley. Hay, con todo, un resguardo: la facultad que tiene cada Cámara de votar exclusiones de miembros de su seno por razones de conducta o inhabilidad moral.

Ley oportuna

La ley fija, además, que las cámaras deberán rechazar los pedidos de desafuero por causas judiciales originadas a raíz de las opiniones del legislador.

Aliviados por las novedades, los senadores votaron dos de las leyes que más le interesan al Gobierno: sobre antievasión impositiva y la de emergencia financiera, claves para afrontar los programas fiscales que limitan el déficit y que pese a la dureza, este año no se podrá cumplir. Pero eso sí, con la dispensa del FMI.

La vinculación entre estas dos normas fue evidente: para que se aprobara una, debía votarse la otra. En el caso de los desafueros, primero la votaron en Diputados y el mismo día, con la velocidad del rayo, el expediente fue hasta el Senado.

Entre quienes apoyaron el proyecto estuvieron 10 de los 11 senadores a quienes el juez les había pedido el desafuero. El vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez había reclamado, sin éxito, que esos legisladores se abstuvieran de participar del debate.

Hasta ahora los jueces pedían que un legislador fuera suspendido por la Cámara que integraba antes de llamarlo a una declaración indagatoria por un presunto delito. Es lo que pasó con los once pedidos de desafuero que ya envió el juez a cargo de la investigación.

Algo es objetivamente cierto. Esos pedidos amenazaban con cambiar la relación de fuerzas en el Senado (en la mira estaban ocho peronistas y tres radicales) pero con la nueva norma el juez puede llamarlos, y hasta procesarlos, sin que pierdan su banca y con ello votos y dietas. Si no fuera por la dramática coyuntura la nueva ley sirve para emprolijar definitivamente la relación entre el Parlamento y los jueces en el tema de los fueros, y que demuestra que todos están al alcance de la Justicia sin impedimento. Y no hace falta la suspensión para investigar la cuestión de los sobornos, como habían sostenido los implicados.