Alarma xenófoba contra la inmigración ilegal

El fuerte ritmo inmigratorio en España está considerado como una de las principales claves del alto crecimiento económico. La inmigración ha traído riqueza, no sólo por haber satisfecho demandas imposibles de satisfacer sin su aporte, sino también por el incremento del consumo.

Pero según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inmigración es percibida por los españoles como el segundo problema nacional. La contradicción es enorme, aunque si observamos los mensajes que se transmiten a la población, no cabe extrañarse mucho de que las cosas sean así.

Hace tiempo que venimos viendo, y en las últimas semanas con más intensidad, la llegada diaria de canoas a las islas Canarias.

Sus apiñados ocupantes son inmigrantes que entran ilegalmente haciendo trayectos muy peligrosos.

La respuesta política que se da a este hecho tiene varios componentes, pero uno se transmite con más fuerza: desde el gobierno canario se reclama el blindaje militar de las islas, y desde el gobierno central se responde con un plan de utilización de satélites y barcos de guerra para afrontar el problema. Se pide, además, ayuda a la Unión Europea, y ésta responde con la movilización de más medios.

La idea está clara: la inmigración, al menos la que nos llega de esa manera, es una amenaza para nuestra sociedad, tan seria que requiere la movilización del ejército para afrontarla.

¿Dónde está la amenaza? Si observamos el asunto en términos más amplios, resulta que el grueso de la inmigración llegada a España en los últimos diez años ha sido irregular, porque las vías legales de entrada son bastante inaccesibles.

Pero esa inmigración irregular ha resuelto los problemas derivados de la falta de mano de obra.

Y si nos referimos a la inmigración subsahariana que llega en canoas, sólo es una pequeña parte de la inmigración irregular que recibimos (no más del 5%), y, una vez aquí, su destino es el mismo que el de los demás inmigrantes: ocupar esos trabajos en los que tan necesarios resultan, en la construcción, la agricultura, los servicios, etcétera.

El problema, por tanto, no está en cuántos subsaharianos llegan, está en cómo llegan, y es básicamente un problema para ellos, que son quienes se juegan la vida para venir, que se ha de abordar mejorando la cooperación con los países de origen, abriendo canales legales de inmigración más accesibles y mejorando nuestros sistemas de acogida.

Sin embargo, la acción de gobierno realizada en relación con esa llegada de subsaharianos, aun razonable, acaba presentando el asunto como una cuestión de seguridad nacional. Esto no es nuevo, porque es así como suele presentarse el tema cada vez que hay un debate fuerte.

La pregunta es, ¿por qué un gobierno como el actual, socialista, no es capaz de transmitir un mensaje positivo sobre la inmigración, y el discurso sigue centrado en la lucha contra la inmigración ilegal, que nos la presenta como una amenaza? ¿Por qué no se ha construido ya un cuerpo discursivo nuevo sobre este fenómeno?

Me atreveré a ofrecer una respuesta: por miedo. Miedo a que un discurso distinto pueda desatar una campaña de la oposición conservadora que acabe resultando letal para el gobierno socialista. Ciertamente, ese miedo no carece de justificación: días atrás pudimos ver, una vez más, como un portavoz del derechista Partido Popular establecía una relación directa entre inmigración y delincuencia.

El presidente de ese partido lo volvió a hacer en el debate del estado de la nación.

Lo grave es que esto viene de lejos y está ya fuertemente arraigado. Desde hace un cuarto de siglo la inmigración viene tratándose en toda Europa como algo de lo que hay que defenderse, se ha ido consolidando una situación según la cual hablar contra la inmigración da más votos que hacer lo contrario.

Y el discurso xenófobo está cada vez más presente, dando excelentes resultados electorales a quienes más se sumergen en él.

Así, no es extraño que cualquier partido de gobierno lo piense mucho antes de situarse a la contra de esa corriente dominante.

El problema es que esto acaba siendo un callejón sin salida: el gobierno habla de buques de guerra porque sabe que hablar de cualquier otra cosa le haría perder votos, pero así escora aun más la opinión pública hacia las posiciones xenófobas y se cierran aun más las posibilidades de comenzar a dar a la inmigración un tratamiento más racional.

Salir de este círculo vicioso exige valentía, algo que de momento el gobierno no está mostrando en este tema.

Pero exige también que desde la sociedad civil surjan exigencias más fuertes por un cambio de discurso. Días atrás fue la Iglesia anglicana la que dijo al Ejecutivo británico que «el gobierno debería liderar a la opinión pública, en lugar de ir detrás de ella, en cuestiones como la inmigración, los refugiados y el asilo político». Esa es la idea: liderar un gran cambio en las concepciones que la sociedad actual maneja sobre el tema de la inmigración. *

(*) Miguel Pajares es presidente del Centro de Estudios de la CentralSindical de Comisiones Obreras y autor del libro «La integraciónciudadana. Una perspectiva para la integración»,

Ed. Icaria. Exclusivo de IPS para LA REPUBLICA.