Argentina: militares no pueden combatir terrorismo

El gobierno de Néstor Kirchner ratificó así una doctrina distinta de la que propicia el combate contra las «nuevas amenazas», que llevó a los militares de Estados Unidos a Afganistán, Irak, Colombia, y también a la frontera con México para reforzar controles migratorios.

«La responsabilidad primera de las fuerzas armadas es conjurar situaciones de agresión externa de fuerzas armadas de otro estado, dejando fuera situaciones de seguridad interna», dijo la ministro de Defensa, Nilda Garré, en conferencia de prensa.

La ministro informó que así quedó definido en el decreto firmado este lunes por Kirchner, que reestructura las fuerzas armadas reforzando la conducción política y civil de la defensa.

La norma dice que al sistema de defensa le están vedados «la planificación y el adiestramiento en actividades de producción de inteligencia, hipótesis y situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior».

El decreto reglamenta -con 18 años de demora- la Ley de Defensa Nacional promulgada en 1988, y ratifica la doctrina militar establecida en ella con amplio consenso político, resultado del proceso de restauración de la democracia en el país tras la dictadura que gobernó de 1976 a 1983.

El gobierno dictatorial había marcado el apogeo de la anterior «doctrina de la seguridad nacional», también de inspiración estadounidense, que indicaba a los militares combatir al «enemigo interior», corporizado en grupos guerrilleros.

Con ese marco conceptual, la dictadura se sintió habilitada en aquel momento para espiar, perseguir, secuestrar, torturar y ejecutar sin juicio a toda clase de opositores políticos, por lo que algunos de los responsables fueron condenados por delitos de lesa humanidad y otros están bajo proceso.

Desde que asumió en mayo de 2003, Kirchner realizó purgas de militares implicados con aquellos crímenes e impulsó los derechos humanos, lo que devolvió vitalidad a las acciones judiciales contra decenas de acusados.

Esta política, que goza de consenso mayoritario según encuestas, tropezó con algunas expresiones de malestar castrense, promovidas por oficiales retirados, que fueron sancionadas con severidad.

Garré dijo que durante 18 años, «la falta de reglamentación determinó una falta de control político y democrático sobre las políticas de defensa y las fuerzas armadas».

«Hubo un desinterés de la clase política y civil de impulsar sus responsabilidades en esta materia y el presidente Néstor Kirchner tiene la convicción de ejercer estas responsabilidades en forma plena», subrayó.

Las fuerzas armadas «tienen el papel específico de conjurar eventuales ataques de militares de otro estado», insistió Garré.

«Este objetivo debe conjugarse con los compromisos asumidos por la República Argentina para el desarrollo de misiones de paz, en Chipre, Kosovo y Haití, en las que participa con un excelente desarrollo profesional de nuestras fuerzas», agregó.

La ministro aseguró que la reglamentación representa «una gran oportunidad para la reestructuración y modernización de las fuerzas armadas» en la que el Estado Mayor Conjunto cobrará protagonismo. *