Condenados a perpetua los asesinos de Cabezas
Pese a la dureza del fallo, quedaron puntos oscuros, especialmente sobre los móviles del asesinato, cual fue el arma realmente utilizada para matar al fotógrafo, la eventual participación de otros policías e incluso altos mandos de la misma, el papel encubridor de esferas de poder que desataron una feroz lucha dentro del peronismo, y que dará lugar a otro proceso como impulsan ahora los familiares y amigos de Cabezas.
El tribunal condenó a reclusión perpetua a los ex policías bonaerenses Gustavo Prellezo, Aníbal Luna y Sergio Camaratta como los asesinos del reportero gráfico y castigó con prisión perpetua a Gregorio Ríos, ex jefe de la custodia del fallecido empresario postal Alfredo Yabrán, como instigador del homicidio. La misma pena que Ríos recibieron los delincuentes de Los Hornos, un suburbio de La Plata, Horacio Braga, Gustavo González, Héctor Retana y José Auge, al ser considerados los dos primeros coautores y los restantes, partícipes primarios en la muerte.
La ex esposa de Prellezo Silvia Belawsky fue condenada a cuatro anos de prisión por estafa: no pudo comprobarse su vinculación con el crimen, pero sí con una maniobra (estafa) con el automóvil que utilizaba su ex marido. Pese a las dudas que quedan, Yabrán fue considerado por los jueces como el principal instigador del crimen para proteger sus intereses. Cabezas le tomó la imagen que hizo público a Yabrán, celoso del anonimato. El gobernador Carlos Ruckauf dijo que no va a conmutar las penas de los condenados de Los Hornos, tal como les había prometido el ex mandatario provincial Eduardo Duhalde si confesaban su participación en el homicidio, como lo hicieron.
Al recibir reclusión perpetua, los ex policías Prellezo, Luna y Camaratta deberán permanecer al menos 25 anos presos, mientras que Ríos, Braga, Auge, Retana y González –sólo condenados a prisión– pueden pedir la libertad por buena conducta tras cumplir 16 anos tras las rejas. El tribunal ordenó investigar la actuación de los comisarios Oscar Viglianco y Carlos Miniscarco por irregularidades en la instrucción de la causa. El primero de ellos actuó con negligencia cuando secuestró «el arma» que en principio se creyó mató a Cabezas.
Para la Cámara, el ex policía Prellezo fue el asesino del reportero gráfico y actuó instigado por Gregorio Ríos, el jefe de la custodia del empresario, quien a su vez había dado la orden para que se cometiera el crimen.
Hablaron los jueces
Para los jueces Raúl Begué, Susana Darling Yaltone y Jorge Dupuy, ni Ríos ni Prellezo, tenían motivos para matar a Cabezas, debido a que la tarea de la víctima sólo molestaba a Yabrán, quien había hecho todo lo posible por mantener su imagen en secreto. Dicho de otro modo: Ríos cumplió ordenes de su jefe y comprometió a policías y delincuentes comunes en socios para un asesinato de alguien a quien ni siquiera conocían.
Sergio Camaratta, el ex jefe del destacamento de Valeria del Mar, balneario cercano a Pinamar, donde fue asesinado Cabezas, fue condenado a reclusión perpetua como partícipe primario del crimen al aportar el arma homicida y alojar a los cuatro integrantes de la banda de Los Hornos por cuenta y orden de Prellezo.
De acuerdo con el fallo del tribunal, Prellezo pagó 4.000 pesos a los cuatro hornenses, Horacio Braga, Héctor Retana, José Luis Auge y Sergio González, para que participaran en el crimen. Mientras que el ex policía Aníbal Luna actuó en la etapa de preparación del crimen, pues él indicó a los hornenses quién era la persona que debían seguir por orden de Prellezo.
En consecuencia, los tres ex policías Prellezo, Luna y Camarata fueron condenados a reclusión perpetua, mientras que Ríos y los cuatro hornenses recibieron la pena de prisión perpetua. El fallo fue por mayoría. Pero en lo que coincidieron los tres magistrados fue en sostener que el homicidio se cometió para proteger los intereses de Yabrán. La lectura de los fundamentos de la sentencia se prolongó por casi casi diez horas.
Los hechos
Según los camaristas, el 25 de enero de 1997, Prellezo y los hornenses acecharon a Cabezas en la residencia en Pinamar del empresario, también postal, Oscar Andreani, lo esperaron y lo siguieron hasta su departamento. Allí, Braga, armado con una pistola calibre 32 con la mirilla roja, y González, desarmado, lo secuestraron e introdujeron en el Ford Fiesta del reportero gráfico, mientras Prellezo, Retana y Auge, controlaban y vigilaban desde el Fiat Uno blanco del ex policía. Desde allí se dirigieron hacia la cava situada en el camino de tierra que lleva a la laguna Salada Grande, donde tras esposarlo, Prellezo le disparó dos veces en la nuca, de abajo hacia arriba y con un solo orificio de salida. De acuerdo con el tribunal, a posteriori, Braga y Prellezo incendiaron el automóvil con un bidón de combustible que el ex efectivo de la bonaerense había comprado horas antes.
«Prellezo sabía que el hecho terminaría con la muerte de Cabezas, de ahí los dos disparos. Así que mal se puede pensar que la intención era darle un susto a Cabezas. Esto quedó demostrado con la modalidad policial de cometerse el delito, que puso de manifiesto el actuar psíquicamente cobarde de la alevosía», expresó Begué en los fundamentos.
Además quedó probado que Camaratta tuvo activa participación en el homicidio de Cabezas debido a que proveyó el arma utilizada en el crimen: se trata de un revólver calibre 32 largo con la mirilla roja, que dos efectivos del destacamento de Valeria del Mar secuestraron a un par de ladrones de poca monta dentro del casino local.
El revólver que describió Braga fue el que utilizó Prellezo para pegarle los dos tiros a Cabezas. La mencionada arma nunca apareció. De esta forma, los camaristas resolvieron uno de los enigmas de la primera etapa de la investigación y descartaron que el Colt 32 secuestrado en poder de uno de los «Pepitos» (uno de los primeros detenidos, marginal vinculado a «Pepita, la Pistolera», cabaretera de Mar del Plata que no tenía relación con los condenados) fuera el que se empleó en el crimen.
Entre otras pruebas, los tres camaristas fundaron el veredicto en las declaraciones de los cuatro hornenses, quienes, además de autoincriminarse, involucraron en el homicidio a Prellezo, Camaratta y Luna y senalaron al primero como el asesino del fotógrafo.
Para refutar la postura de los defensores de los ex policías y del ex jefe de la custodia de Yabrán, que sostuvieron que los hornenses mintieron durante las indagatorias, los magistrados aseguraron que la historia de cómo ocurrió el crimen, según lo relatado por Retana, Braga, Auge y González, fue respaldada con diversos testimonios objetivos e independientes y con pruebas como la que aportó el sistema informático Excalibur, donde aparecieron los contactos telefónicos entre Prellezo, Camaratta, Ríos y Yabrán.
En los próximos días, los defensores presentarán la reserva para recurrir a la Cámara de Casación provincial con el fin de apelar la sentencia, para lo que tienen un plazo de 15 días.
En caso de que el reclamo sea rechazado, los letrados cuentan con otras instancias superiores: la Suprema Corte provincial, la Cámara Nacional de Casación o la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jorge Sandro, el defensor de Ríos, sostuvo que está dispuesto a llegar hasta el Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante todos los tribunales internacionales.
Camino al jucio «Cabezas II»
«Periodistas» asociación independiente que integran destacados profesionales locales, declaró que «es probable, aunque no seguro, que los condenados hayan intervenido en el crimen. Pero es ostensible que no s
on los máximos responsables y que el fallo judicial no ha dado cuenta irrefutable ni de las motivaciones, ni de las circunstancias verdaderas del tremendo episodio. Por eso lamentamos que el asesinato siga incorporado a la larga nómina de atrocidades impunes que rebajan la calidad de la vida democrática argentina».
Para la hermana del fotógrafo, Gladys, «la verdad se alcanzó a medias». No le queda claro cuál fue la causa por la cual asesinaron a su hermano y qué pasó con el arma homicida. Según el periodista Miguel Bonasso, las 300 páginas de fundamentos «no lograron despejar puntos oscuros que pueden llegar a pensar en posible encubrimiento durante la investigación»: la sombra de que hubo «zona liberada» ordenada por altos jefes policiales, como parte del complot, no fue sujeta a examen.
El crimen de Cabezas demostró que Yabrán podía mantener un ejército de matones, policías y ex militares y represores de la dictadura a su servicio. Y que esa banda podía ser utilizada para resolver violentamente desde cuestiones de competencia empresarial hasta conflictos de poder. «Fue el método con el que intentó resolver su problema cuando su figura salió a la luz», senala «Clarín».
Más que en el juicio, sobre todo durante este largo proceso de su investigación, se comprobaron las dimensiones del imperio Yabrán, sus vínculos con el menemismo y sus conexiones con el asesinato de Cabezas. Al quedar al desnudo, optó por suicidarse, senala «Clarín».
Como en el juicio a los represores de Estado de los anos de plomo, aún imperfecto, el veredicto de este proceso volvió «a marcar un límite a aquellos que son capaces de matar a alguien para obtener su objetivo», subraya «Clarín». Con todo, quedó abierto el camino para un «Cabezas II», que no deje culpable en libertad y agujeros negros dentro de la verdad. «Cabezas, Cabezas», corearon al terminar el juicio sus companeros fotógrafos, maquinas en ristre. Nadie se olvidará de él.
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