"Lo peor está por venir"
Quito, ANSA
Trabajadores de los poderosos sindicatos petroleros se enfrentaron ayer a la Policía en el segundo día del levantamiento indígena en Ecuador, que continúa con escasa convocatoria en el país, aunque los dirigentes aseguran que «lo peor está por venir».
El presidente de la Confederacion de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Antonio Vargas, dijo en ese sentido que la estrategia para los próximos días se mantiene «en secreto» y restó importancia a las críticas de algunos sectores.
Ayer martes los disturbios se concentraron en un parque cercano al edificio del Congreso, donde se aloja en carpas un poco más de un centenar de indígenas.
Hasta allí llegó un número similar de dirigentes de los sindicatos petroleros que previamente se habían enfrentado en las calles con piquetes de la Policía que intentó disolver la movilización con abundante gas lacrimógeno.
En el choque no se registraron heridos ni detenidos, según un informe preliminar de la Policía.
Los sindicalistas, acompañados de Vargas y dirigentes de los denominados Movimientos Sociales fueron recibidos posteriormente por el pleno del Congreso que escuchó sus reclamos.
El dirigente Napoleón Saltos pidió que se derogue la controvertida ley de privatizaciones, que puso en vigencia el presidente Gustavo Noboa, cuando el Congreso estaba empantanado por una dificultad jurídica que impedía elegir a su presidente.
Saltos demandó de los congresistas que Ecuador sea declarado «territorio de paz» a propósito del Plan Colombia sobre el narcotráfico, y como una forma
de demostrar neutralidad en ese conflicto.
El presidente del congreso, Hugo Quevedo, dijo que entendía el planteamiento de los sectores indígenas y de trabajadores y aseguró que propiciaría un debate nacional al respecto.
Por su parte, Vargas rechazó que la Conaie sea la causante de los conflictos políticos y sociales que aquejan al Ecuador.
«No queremos caotizar al país, el Ecuador ya está caotizado por los grandes banqueros y empresarios que lo saquearon», dijo el dirigente.
Vargas se refería a la crisis financiera de 1999 que derivó en la quiebra de unas 15 entidades bancarias y la fuga de capitales por más de 2.000 millones de dólares.
El ministro de Gobierno (Interior) Juan Manrique volvió por su parte a restar importancia a la protesta indígena y seguró que «el pueblo ya expresó su deseo de tabajar en paz».
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