Juez del caso AMIA puede quedar preso

Vayamos por partes En el caso AMIA podría quedar detenido el ex juez federal Juan José Galeano  que llevó a cabo la investigación  y que fue bochada por el Tribunal Oral número 3 hace un año, por considerar como «un dibujo político» el expediente, y dispuso liberar a todos los acusados.

Galeano, así como el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y el ex titular de la DAIA (la expresión política de la comunidad), Rubén Beraja, fueron citados a prestar declaración indagatoria por las irregularidades de esa investigación. La medida la ordenó el juez federal Ariel Lijo y también alcanza a dos ex fiscales, a altos funcionarios de inteligencia, al ex imputado Carlos Telleldín, su esposa, y su abogado.

Telleldin, un reducir de vehículos, fue colocado en el esquema de Galeano como el que preparó la Trafic que acarreó el explosivo hasta la mutual judía y que se la entregó a policías de la provincia de Buenos Aires, que así pasaron a ser la «conexión local» del atentado. Galeano atribuyó el crimen al Hezbollah.

Todos están acusados por el pago de 400 mil dólares a Telleldín para que acusara por la faena a un grupo de policías bonaerenses. La nueva pesquisa judicial es una derivación al fallo del Tribunal Oral, que tuvo algunos tropiezos en avanzar. Pero ahora la causa se puso realmente en movimiento a juicio de los que siguen el caso. Hace menos de dos semanas el Ministerio de Justicia, a través del secretario a cargo de una unidad especial de seguimiento del caso, pidió la «inmediata» detención de Galeano.

El ex juez, expulsado por el Consejo de la Magistratura, fue citado para el 15 de junio. Está acusado de haber encarcelado y privado de su libertad a los policías con pruebas falsas. El mismo destino podrían llegar a correr los ex fiscales.

El juez Lijo imputaría a los otros acusados por el delito de peculado. Esa sería la figura legal en la que entraría el pago a Telleldín con fondos reservados de la SIDE (inteligencia estatal). El pago quedó ampliamente comprobado en el juicio oral.

 

Ex ministros y Menem pueden ser indagados

El ex juez federal y los ex fiscales también fueron acusados de haber privado de la libertad  un virtual secuestro  a una acusada que rápidamente fue convertida en testigo de identidad reservada para incriminar a los policías de la bonaerense. Está además acusado de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley).

Está en la naturaleza de las cosas que si el expediente avanza, el juez Lijo deberá tomar declaración indagatoria, además, al ex ministro del Interior, Carlos Corach y no se descarta que lo haga con el ex presidente Carlos Menem. Este, por ahora, quedó más cerca que nunca de enfrentar un juicio oral pero por otro expediente.

La Cámara Nacional de Casación Penal le rechazó una última apelación sobre el único procesamiento que tiene: por el supuesto ocultamiento de su cuenta suiza y otros bienes y por falsear instrumentos públicos.

En esta causa, la Oficina Anticorrupción (OA) ya hizo su requerimiento de elevación a juicio. Acusó a Menem de no consignar en sus declaraciones juradas dos aviones ultralivianos (que estarían capotados), dos cuentas bancarias en el país (una, con un saldo de 35 mil pesos), otra en Suiza (con 600 mil dólares), dos locales en La Rioja y dos autos (una Traffic y un Fiat 147).

Veamos qué pasa con la Embajada de Israel. La Suprema Corte siguió la voladura desde el 17 de marzo de 1992, con años de dormir el sueño de los justos, corre ahora el peligro de que quede prescripta. Por el momento en el más alto tribunal no hay coincidencia en la posibilidad de declarar que el ataque como un delito de lesa humanidad, y por lo tanto no prescribe.

 

Dilemas de la Corte Suprema de Justicia

Los jueces de la Corte Suprema dan por seguro que alentarán nuevas medidas de prueba para evitar que la investigación quede archivada el año próximo, cuando se cumplan 15 años del ataque terrorista que dejó un saldo de 22 muertos y decenas de heridos.

Ahora la investigación tiene una parte querellante que puede pedir nuevas medidas para agilizar la causa. Algunos familiares de las víctimas del ataque presentaron una demanda contra el Estado argentino, por no adoptar las medidas que hubieran impedido el atentado terrorista.

La querella reclamó a la Corte que declare al atentado delito de «lesa humanidad». También se reiteró ante la Corte un pedido para la captura de dos iraníes, integrantes del Hezbollah, imputados en la causa. Fuentes de la Corte dijeron a Clarín que «todavía no hay una opinión coincidente para declarar al atentado delito de lesa humanidad», es decir, aquellos donde miembros de un Estado cometieron genocidio.

En junio pasado, los jueces resolvieron, en un caso por «terrorismo de estado» que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y quedan al margen de las autoamnistías o indultos.

Pero el de la embajada es diferente, porque la investigación alcanzó su techo en 1999, cuando  en base a lo investigado hasta entonces  la Corte atribuyó el ataque a la Jihad Islámica, uno de los brazos armados del partido político libanés proiraní Hezbollah. Y pidió la captura internacional de uno de sus principales líderes, Imad Mughniyah, la que aún está pendiente. Pero no existe, al menos por ahora, una imputación directa hacia funcionarios de algún Estado.

El juez Raúl Zaffaroni planteó también declarar el ataque terrorista como delito de lesa humanidad y, por lo tanto imprescriptible. Algunos jueces encuentran inconveniente extender ese criterio a los crímenes del terrorismo cometidos por organizaciones no estatales o paraestatales (por ejemplo, Al-Qaeda o la Jihad) porque abriría una peligrosa puerta para juzgar nuevamente a los guerrilleros argentinos que actuaron en la década del setenta, dice el analista de La Nación, Adrián Ventura.

Otros funcionarios evalúan que sean declarados imprescriptibles los delitos del terrorismo internacional, no así los cometidos por ciudadanos de un país contra sus propios gobiernos.

Ningún tribunal del mundo ha declarado al terrorismo internacional como delito de lesa humanidad. *