Petrobras evalúa retirarse de la actividad de refinación en Bolivia

Gabrielli instó al gobierno del presidente boliviano Evo Morales a respetar normas constitucionales en los procedimientos de nacionalización, que supuso el traspaso de la mayoría accionaria de las refinerías a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

«El artículo 22 de la Constitución boliviana admite que haya nacionalzación de acciones, pero con una indemnización previa y justa», afirmó el ejecutivo brasileño en una audiencia en el Senado.

«Vamos a discutir con Bolivia las condiciones de operación tras la toma de control por YPFB», dijo Gabrielli.

Pero incluso después de un acuerdo indemnizatorio, Petrobras podría estudiar la venta de las acciones que le quedan.

«Hasta podríamos analizar la posibilidad de estar ausentes del refino boliviano, si no nos interesara como empresa seguir como socio minoritario sin condiciones de operación acordes con nuestra responsabilidad social y ambiental y con nuestras responsabilidades en tanto que productores y refinadores de alta calidad del mercado mundial», advirtió.

Las únicas dos refinerías instaladas en Bolivia, situadas en Cochabamba y Santa Cruz, son de Petrobras. El estado asumió el 50% más uno de la propiedad de esas refinerías con la nacionalización, y la empresa brasileña espera indemnización.

Las refinerías abastecen todo el mercado de derivados boliviano (gasolina, diesel y GLP).

Morales nacionalizó los hidrocarburos a inicios de mes. Petrobras ya anunció que paralizaba las inversiones en ese país, esperando definiciones sobre la nueva ley.

Brasil es el principal importador de gas boliviano, y Petrobras el principal inversor en ese país.

La ley promulgada por Morales decreta la nacionalización de los hidrocarburos en boca de pozo. A efectos prácticos, eso supone por el momento un aumento de impuestos del 50% al 82%.

El ministro brasileño de Minas y Energía, Silas Rondeau, que acudió al Senado junto a Gabrielli, dijo que Petrobras pagará esos impuestos mientras transcurre el plazo de 180 días de negociación dado por el gobierno boliviano, para no ser tachada de «contrabandista».

Las tensiones entre Brasil y Bolivia aumentaron la semana pasada, cuando Morales dejó planear sospechas de ilegalidad de Petrobras.

«No es práctica de Petrobras inflar costos de gas para reducir la carga fiscal (…). Repudiamos firmemente cualquier insinuación de que estemos haciendo maniobras para evadir o reducir impuestos en Bolivia», afirmó Gabrielli.

El directivo recordó que las acciones de Petrobras-Bolivia están en manos de la filial holandesa de Petrobras, y que por eso podrían acogerse a Tratado de protección de inversiones entre Bolivia y Holanda.

«No estamos aún en esa situación» que sólo se daría en caso de «una eventual disputa judicial más intensa», afirmó.

«Brasil y Bolivia no tienen un tratado (de protección de inversiones), pero sí lo tienen Bolivia y Holanda», explicó Gabrielli. *