El Parlamento criminaliza el acoso sexual en Argentina

Junto a Francia, Reino Unido, Canadá y Rumania Argentina es uno de los países donde se registran más episodios de esta naturaleza y es la primera vez que se lo describe como delito con castigos de hasta cuatro años de prisión a quien abuse de su posición jerárquica para lograr favores de otro sexo bajo coacción. El tema pasó a la Cámara baja.

El «acoso sexual» se define como la situación de quien, «abusando de una relación de superioridad jerárquica laboral, docente, o de índole similar, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño en el ámbito de esa relación».

La iniciativa especifica que el abuso sexual coactivo se diferencia del acoso en que, en el primer caso, «el autor aprovecha la situación de poder y efectúa actos corporales o tocamientos de naturaleza sexual. En el acoso, en cambio, el delito se consuma con la sola amenaza del autor, con independencia de que la víctima acceda o no al requerimiento que se le formula».

Por las dudas, en sus fundamentos, la iniciativa aclara que, «no invisten carácter de acoso los intentos de seducción que no se acompañen de alguna forma de coerción». Esa diferencia entre lo que se entiende como «acoso» y el simple intento de seducción será una de las cuestiones más difíciles de dilucidar por parte de los jueces. Sobre todo, porque para que el delito quede consumado no hace falta que la relación se concrete, sino el simple intento acompañado de amenazas directas o tácitas respecto de la situación laboral.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Vilma Ibarra, recordó que la iniciativa apunta a morigerar las «relaciones desiguales de poder» en la sociedad. También explicó que se bajó un año la carga punitiva para ponerla a tono con otra figura que sí existe: la de abuso de poder («que genera un tocamiento», dijo Ibarra), que también se castiga con penas de cuatro meses a cuatro años.

Con todo, no todos los especialistas están de acuerdo con el modo en que encara el Parlamento la situación, aunque seguramente la cámara baja lo terminará por convertir en ley. Haydée Birgin, una destacada abogada de familia, dijo no estar de acuerdo «con la criminalización de las conductas sociales».

A su juicio, «sería como creer que por la fantasía de un poder simbólico se va a modificar una cultura. Hay ejemplos de sobra que demuestran que este enfoque no sirve: el aborto está penalizado y todos los días mueren mujeres que siguen abortando»; por el pedido encabezado de sectores a favor de la mano dura, agregó, «se bajó la edad de la imputabilidad y eso no resolvió el tema de fondo, no frenó la delincuencia», insistió.

Birgín sostiene que «el acoso sexual es un hecho repudiable. Pero debe ser atacado con campañas masivas de comunicación que creen conciencia social. También es fundamental que esta problemática se incorpore a la legislación laboral». Veremos. *