EEUU sufrió un nuevo revés

«Es una gran derrota para la secretaría de Justicia, en el mayor caso vinculado a la guerra contra el terrorismo», dijo la analista del blog especializado Scotusblog, Lyle Denniston.

«Hace más de tres años que la jueza (a cargo del juicio, Leonie Brinkema) le solicitó a la fiscalía que reclamara una cadena perpetua» y no la pena de muerte, subrayó este jueves Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington. En su lugar, «pasaron los años y se gastaron millones de dólares con la única meta de obtener la pena de muerte».

De hecho, un procurador reconoció haber movilizado para este proceso «decenas de abogados», haber llevado a cabo «miles de entrevistas» y recopilado millones de páginas de documentos.

«El gobierno habría salido mejor librado si no hubiera pedido la pena de muerte. Lo intentó y perdió», concluyó Eugene Fiddell, presidente del instituto de justicia militar.

Para numerosos analistas, el veredicto pone al gobierno en su lugar y le da lo que merecía: una sanción por «tomar a los jurados por imbéciles», indicó Turley a la AFP.

Ello podría servir para explicar otros reveses judiciales del gobierno, como el caso José Padilla, un estadounidense detenido por la justicia militar durante más de tres años como «combatiente enemigo» bajo el pretexto de que quería hacer explotar una bomba radiológica, y que finalmente fue transferido a la justicia civil.

«El gobierno no pudo enjuiciar a Padilla porque había violado demasiados de sus derechos», explicó Turley.

Turley está «100% seguro» que una condena a la pena de muerte en el caso Moussaoui habría sido finalmente revocada por la Corte Suprema, debido a los groseros errores de procedimiento.

Más grave aún, los analistas creen que finalmente ninguno de los verdaderos responsables por los peores atentados terroristas de la historia sean llevados ante la justicia.

El supuesto cerebro del complot, Khalid Cheikh Mohammed o incluso uno de sus organizadores, Ramzi ben Al-Shaiba, están en poder de Estados Unidos.

Pero las condiciones de su detención, en secreto, hacen poco probable que su caso llegue a la justicia federal, donde las acusaciones de maltrato podrían anular todo el procedimiento.

En efecto, desde el comienzo de la «guerra contra el terrorismo», el sistema judicial estadounidense demostró en varios casos sonados su intransigencia ante la laxitud de las reglas impuestas por el gobierno de Bush bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo.

En 2004, la Corte Suprema dictaminó que los acusados de terrorismo detenidos en Guantánamo tenían el derecho a ser escuchados en la justicia civil.

Un año más tarde, forzó al gobierno a rever las condiciones bajo las cuales esos sospechosos pueden ser juzgados. Pero todavía no resolvió si los nuevos procesos son o no constitucionales.

En definitiva, el veredicto sobre Moussaoui es una «buena noticia», opinó Turley.

«Envía al mundo el mensaje de que este país sigue respetando el estado de derecho. Moussaoui tuvo derecho a más justicia que la que merecía, pero no se trataba simplemente de Moussaoui», precisó. *