Preparan ley para anular la amnistía que dictó Pinochet

«Es un bochorno frente a la comunidad internacional», dijo el diputado socialista Juan Bustos, al referirse a la resolución del juez que el jueves pasado dejó sin sanción a cuatro miembros de la «Caravana de la Muerte», una comitiva militar que fusiló sin juicio previo a decenas de presos políticos en un recorrido por el país, en octubre de 1973.

El juez Víctor Montiglio declaró inocente al general retirado Sergio Arellano Stark, que encabezaba esa comitiva, y amnistió a otros tres ex militares al aplicar el decreto que dictó el general Pinochet en abril de 1978.

Al invocar la amnistía, Montiglio desestimó aplicar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad aprobada por las Naciones Unidas en 1968, como lo planteaban los familiares de las víctimas.

Ese instrumento del derecho internacional, que prevalecería sobre las leyes nacionales, no ha sido ratificado por Chile y en consecuencia es posible aplicar la amnistía, según afirmó el juez.

«La presidenta Michelle Bachelet ha dicho que no habrá impunidad», recordó Bustos, que prepara un proyecto de ley para declarar nulo ese decreto de Pinochet junto a los legisladores Sergio Aguiló, del Partido Socialista (PS); Tucapel Jiménez y Enrique Accorsi, del Partido por la Democracia (PPD), y Gabriel Ascencio, de la democracia cristiana (DC).

El juez Montiglio es el mismo magistrado que tiene en sus manos un proceso contra Pinochet por la «Operación Colombo», un plan represivo que dejó 119 desaparecidos, integrantes de organizaciones de izquierda que se oponían a la dictadura (1973-1990).

La presidenta Bachelet dijo desconocer el proyecto que estudian los parlamentarios de la oficialista coalición de la Concertación Democrática y declinó comentar la iniciativa.

«Cuando tenga algo que decir al respecto se los voy a señalar. No voy a hacer más comentarios», señaló la mandataria socialista ante consultas de la prensa.

El secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, aseguró por su parte que en Chile «no habrá punto final» para los juicios que enfrentan decenas de militares retirados, acusados de violaciones a los derechos humanos por los más de 3.000 muertos y desaparecidos que dejó el régimen de Pinochet.

«Vamos a seguir trabajando para que haya verdad y justicia en Chile», agregó el vocero, sin pronunciarse sobre la propuesta legislativa de los diputados.

La amnistía que promulgó Pinochet hace 28 años liberó de culpas a los agentes del gobierno militar involucrados en asesinatos, torturas y otros crímenes entre el 11 de setiembre de 1973 -fecha del golpe de Estado que lo instaló en el poder- y el 11 de marzo de 1978. *