Los indígenas se rebelan en Ecuador

Quito, ANSA

El presidente ecuatoriano, Gustavo Noboa, propuso ayer –antes de viajar a la Cumbre Presidencial en Brasilia– una consulta popular para solucionar el caos jurídico del Congreso, después de que una mayoría de centro izquierda eligió a un disidente del Partido Social Cristiano (derecha) como titular del Parlamento.

El martes el Congreso eligió presidente a Hugo Quevedo, pero el legislador había sido previamente expulsado del derechista Partido Social Cristiano (PSC), originando nuevamente un caos jurídico en la legislatura. De acuerdo a la Constitución, el presidente del Congreso debe pertenecer al PSC, que obtuvo la segunda mayoría en las elecciones generales de 1998 y recibió, la semana pasada, el respaldo del Tribunal Constitucional para que se elija titular del Parlamento a un legislador de su bloque.

Pero el ministro de Defensa, Hugo Unda, señaló en Quito que «si los poderes del Estado no logran resolver los problemas que tienen (refiriéndose a la crisis del Parlamento), entonces el presidente va a llegar a ese paso de promover una consulta popular para resolver los problemas políticos del Ecuador». La Conaie recolectó más de un millón de firmas de respaldo a una consulta popular, pero para demandar la revocatoria del Congreso y de la Corte Suprema, la derogación de la dolarización de la economía y para suspender las privatizaciones de empresas estatales. Antonio Vargas, presidente de la Conaie, sostuvo que «si el tribunal desconoce las firmas y no convoca a la consulta, la realizaremos con nuestros propios tribunales patrióticos».

Empero, el TSE adelantó que lo más probable es que se niegue el pedido de los indígenas porque, según el presidente del organismo, Eduardo Villaquirán, «de las 780.000 firmas entregadas, al menos unas 500.000 tienen problemas».

La Conaie, que el lunes iniciará un levantamiento que incluirá el corte de carreteras en varias regiones del país, necesita al menos 600.000 firmas de apoyo para legalizar y convocar el plebiscito, según las leyes vigentes. La protesta indígena fue convocada en reclamo al congelamiento de los precios de los combustibles, del gas doméstico y de los servicios básicos por un período de cinco años. También reclaman una consulta popular para legitimar el derrocamiento del entonces presidente Jamil Mahuad, el 21 de enero tras un levantamiento indígena-militar.