Tribunal falló a favor de represores

La Cámara dispuso la excarcelación de una docena de altos jefes de la dictadura en la causa por el Plan Cóndor, La decisión fue tomada por la Sala IV, que ratificó de este modo la línea adoptada en una resolución de abril del año pasado, basada en jurisprudencia de la Corte Suprema sobre excarcelaciones, y no sobre el fondo de la cuestión.

También tomó en cuenta el caso de Omar Chabán, el empresario de la disco Cromagnon, donde en diciembre de 2004 murieron 194 personas y está ahora detenido luego de haber gozado los beneficios de la excarcelación en un fallo que casi lleva a la destitución a los jueces de un tribunal de alzada que así lo decidieran. En su veredicto los camaristas aludieron a que para que la prisión preventiva se haga efectiva debe haber peligro de fuga y, eventualmente, un entorpecimiento de la investigación.

Para el caso de los militares, los integrantes de la Sala IV consideraron que ese riesgo no se daba por la edad de los acusados y porque algunos de ellos gozan del régimen de prisión domiciliaria. Además, hasta el momento se han presentado a todos los requerimientos judiciales.

En lo formal la Sala mencionada sigue las opiniones que sobre excarcelaciones han defendido en la Suprema Corte de Justicia, dos de sus más notorios integrantes, Eugenio Zafaroni y Carmen Argibay, claros defensores de los derechos humanos. Zaffaroni sostiene que hacer efectiva la prisión preventiva -cuando no se cumplen los requisitos de peligro de fuga y entorpecimiento- significa convertir al proceso en una condena, en tanto que Argibay afirma que el principio de inocencia torna inconstitucional la prisión preventiva.

La decisión de Casación alcanza a los ex generales Luciano Benjamín Menéndez y Genaro Díaz Bessone, el ex almirante Antonio Vañek y los ex jefes militares Bernardo Menéndez, Ernesto Alais, Leopoldo Flores, Carlos Tragant, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Landoni, Hugo Pascarelli y Santiago Rivero, entre otros.

Están acusados de haber liderado una asociación ilícita también afrontan importantes embargos sobre sus bienes, de hasta un millón de pesos. Las dictaduras de los países involucrados en el Plan Cóndor se intercambiaron prisioneros -en rigor, personas secuestradas ilegalmente y permitieron la actuación de represores de otros países fronteras adentro.

En esta causa también está imputado Jorge Videla, aunque no fue beneficiado por el fallo. Videla había objetado la causa al alegar que se trata de una «cosa juzgada». Imputado también por el robo de bebés hijos de desaparecidos, fue condenado en el histórico juicio de 1985 a las juntas militares, pero luego fue indultado por el ex presidente Carlos Menem a finales de 1990.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia confirmó la legalidad de la investigación judicial y decretó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Tanto Videla como los ex generales Menéndez y Bussi se negaron a declarar en esta causa. Harguindeguy y Díaz Bessone, que fue ministro de Planificación en la dictadura, nunca habían sido detenidos hasta que fueron apresados en 2005, por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, cuya conducción estuvo a cargo de Augusto Pinochet, según consta en el expediente del caso.

Casación tiene en sus manos definir si son o no constitucionales los indultos dictados por Menem a favor de los jefes de la dictadura. Ya hay fallos por su inconstitucionalidad de parte de varios jueces federales y existe un reclamo público de Néstor Kirchner para que se aceleren los pasos judiciales contra es norma a favor de la impunidad.

Casación no tiene fama de «garantista», más bien lo contrario. Pero diga lo que diga, el tema indultos terminará en el más alto tribunal y ahí, por lo que hoy se conoce, se los considerará ilegales. *