Hoy se decide el futuro del contrato laboral juvenil en Francia

La decisión será adoptada tras una reunión con parlamentarios de la Unión por un Movimiento Popular (UMP, derecha) que se entrevistaron con las organizaciones sindicales y estudiantiles que reclaman la retirada del Contrato de Primer Empleo (CPE), que precariza el trabajo para los jóvenes.

Después de casi dos meses de manifestaciones multitudinarias en las calles, el gobierno, acorralado, está dispuesto a dar marcha atrás en dos puntos de este contrato destinado a los menores de 26 años y aprobado por ley: el período de prueba del trabajador, que pasaría de dos años a uno, y la necesidad de explicar al empleado por qué es despedido, llegado el caso.

Más del 80% de los franceses cree que el primer ministro y el presidente de la República salen «debilitados» de esta crisis, según un sondeo publicado ayer en el diario Le Parisien.

Sin embargo, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, sale «reforzado» para el 53% de los franceses, según la misma encuesta.

En realidad, resume una fuente cercana al gobierno, «hay una carrera» entre Villepin y Sarkozy sobre el CPE.

El logro de un compromiso está en peligro debido a la batalla en la derecha, explicaba el domingo el periódico francés Journal du Dimanche, en referencia a la guerra entre el binomio Chirac-Villepin y Sarkozy, que jamás escondió sus ambiciones de ser candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2007.

Las negociaciones para dar soluciones a la crisis prosiguieron el fin de semana entre los parlamentarios que se reunieron con los opositores al CPE, Chirac, Villepin y Sarkozy.

La solución a esta polémica reforma laboral que ha enfrentado a los actores sociales y al gobierno podría ser una proposición de ley que acabara con el CPE sin abrogarlo.

Los sindicatos han dejado claro que no cederán un ápice en sus exigencias y mantienen su ultimátum del 17 de abril. Si sus peticiones no son satisfechas antes de esta fecha, las confederaciones han amenazado con una sexta jornada de movilizaciones masivas.

Las dos anteriores protestas sacaron a las calles a entre uno y tres millones de personas.

Las manifestaciones y huelgas comienzan ya a provocar repercusiones económicas. Para la presidenta de la poderosa patronal francesa, el MEDEF, Laurence Parisot, el gobierno «debe hacer todo para poner fin rápidamente» a esta crisis del CPE que «puede costar muy caro» al país. *