Masivas protestas volvieron a provocar caos en París

La crisis en Francia continúa: luz verde para la reforma laboral

En medio de una grave crisis social que amenaza con extenderse al terreno político, el Consejo Constitucional, «guardián» de la legislación y la Constitución en Francia, consideró válido el texto legal votado por el Parlamento el 9 de marzo, que instaura el Contrato de Primer Empleo (CPE).

Los «diez moderados», como se les conoce, miembros del Consejo, juzgaron que la ley sobre «igualdad de oportunidades» no contradice la Constitución, lo que abre el camino a Chirac para su promulgación.

Inmediatamente después del pronunciamiento de este alto órgano, el jefe del Partido Socialista (PS), François Hollande, advirtió al presidente Chirac que una promulgación conduciría a Francia «hacia una prueba de fuerza» con amplios sectores sindicales y de estudiantes que se oponen a la ley.

El jueves por la noche, 12 sindicatos de distintos sectores, incluidos los estudiantes, advirtieron al presidente sobre las «consecuencias explosivas» de la eventual promulgación.

Francia se encuentra sumida desde hace dos meses en un sinfín de manifestaciones teñidas de violencia en rechazo de la iniciativa, lo que ha derivado incluso en claras señales de crisis política.

La mira se centra a partir de ahora en Chirac, que hará un anuncio público en televisión el viernes a las 20H00 locales (18H00 GMT).

Fuentes próximas al gobierno francés afirman que el jefe de Estado tiene decidido promulgar la ley y confirmar así su firme apoyo al primer ministro, Dominique de Villepin, impulsor del polémico contrato y quien decidió no ceder a la presión de la calle. Chirac podría también reenviar el texto al Parlamento. Se espera de todos modos que Chirac ofrezca abrir inmediatamente negociaciones con las organizaciones sociales.

Los sindicatos y estudiantes exigen el retiro del CPE como condición previa para negociar con el gobierno y piden a Chirac que asuma el papel de moderador ante la intransigencia de Villepin, incluso que ejerza sus prerrogativas para una segunda deliberación en el Parlamento.

Según afirma el jueves el diario El Parisien, el primer ministro amenazó con dimitir si el presidente no promulga sin rodeos la ley que instaura el CPE.

Villepin, considerado como un delfín de Chirac de cara a las elecciones presidenciales de 2007, se mantuvo inflexible respecto al controvertido contrato, una postura distinta a la de su colega de gabinete, ministro del Interior y presidente del partido en el poder UMP, Nicolas Sarkozy.

Posible rival de Villepin en las elecciones, Sarkozy no descartó la posibilidad de suspender la medida para dar lugar a negociaciones de fondo. *

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