La oposición pide derogar indultos

Solo produjo más heridas. Las otras dos herramientas, las leyes de Punto Final y Obediencia debida, de las cuales zafaron centenares de militares de ir a los tribunales acusados de crímenes puntuales, ya fueron derogadas por el Parlamento y además, declaradas inconstitucionales por la actual Suprema Corte de Justicia, por gran mayoría.

Esta semana el asunto de los indultos volverá a plantearse en el Parlamento por un sector del centro-izquierda que reclama su derogación. Néstor Kirchner, el pasado 24 en el acto en el Colegio Militar rememorando el día del golpe más sangriento de la historia nacional, condenó esos instrumentos de Menem, pero sostuvo que debe ser la Suprema Corte la que diga la última palabra al respecto.

La izquierda extra parlamentaria puso el grito en el cielo: «promueve la impunidad», tronaron en las calles el viernes donde 100 mil personas recordaron de manera activa que hay que seguir luchando contra varias herencias de la dictadura. Pero la «ultra», como se la identifica, hizo leer de prepo un documento de fuerte tono antigubernamental que, se aclaró luego, no fue firmado por las grandes organizaciones de derechos humanos ni por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)

En verdad, Kirchner eligió este camino por que ya ha sido señalizado por varios fallos judiciales de primera y segunda instancia, que se produjeron en los últimos dos años y que, con seguridad, irán quemando etapas hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Uno de los fallos señaló que lo que se indultó son delitos de lesa humanidad que en muchos casos nunca habían sido juzgados. En lugar de prisión preventiva, indulto preventivo.

Uno de los magistrados que se pronunció contra los indultos, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, sostuvo que con ellos, «el Estado argentino extinguía los enjuiciamientos pendientes por graves violaciones a los derechos humanos, renunciaba a la verdad, a la comprobación de los hechos, la identificación de sus autores y frustraba definitivamente el derecho a una investigación judicial imparcial y exhaustiva».

Es un fallo, de marzo de 2004, que declaró que «el terrorismo de Estado más cruel que conociera la historia argentina encontró en la impunidad su mejor aliado». La decisión de Canicoba cuestionó el perdón a seis miembros del Primer Cuerpo de Ejército, cuatro de los cuales ya fallecieron. Los que viven igual están detenidos, los generales Jorge Carlos Olivera Rovere y Juan Bautista Sasiaiñ, procesados por el robo de bebés.

 

Una contundente argumentación

Según los expertos, por su contundente argumentación, el fallo de Canicoba aparece como el más fuerte para romper, por arrastre, la impunidad que todavía hoy protege a centenares de jefes militares. Hay que ver hasta dónde quieren, o pueden, llegar los jueces

Menem firmó dos indultos. Por el primero, suscripto el 8 de octubre de 1989, fueron perdonados 212 militares, entre ellos la Junta Militar que desencadenó la guerra por las Malvinas, encabezada por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, otro que no está entre los vivos, y los líderes de los alzamientos carapintada Mohamed Alí Seineldín y Aldo Rico. El segundo indulto, el del 29 de diciembre de ese año, dejó libres a los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, condenados a reclusión perpetua en 1985, junto con otros seis militares y un civil, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, ahora puesto en la picota por el propio Presidente, porque considera, como la carta que a un año de la asonada escribiera el periodista, luego asesinado, Rodolfo Walsh a la Junta Militar, que el terror era una condición para imponer el plan económico cuyos ecos aún perduran.

Martinez de Hoz siempre declaró que no supo del alzamiento militar hasta que se produjo. Pero no es verdad. El entonces coronel Carlos Dala Tea, se reunió en el Hospital Militar con el economista, antes de aquel 24 de marzo de 1976, le ofreció el cargo de ministro y el convite fue aceptado. Demostrar esto, tendrá consecuencias graves para el ex ministro. El 2 de abril inmediato, Martínez de Hoz comunicó por cadena nacional su programa de aniquilación de la industria y de privilegio del sector financiero sin muchos eufemismos.

Volvamos a los indultos. En las dos ocasiones, Menem la extendió a 59 miembros de las organizaciones guerrilleras, entre ellos Rodolfo Vaca Narvaja y Roberto Perdía. De todos modos, en su fallo de marzo de 2004, Canicoba aclaró que la anulación de los indultos no incluye a los jefes de los grupos armados. «Claro que se podrán hacer planteos contra ellos, pero hay que ver si les es aplicable la autoría de delitos contra el derecho de gentes porque, por ejemplo, un atentado debe juzgarse como delito común.»

En la sentencia de Canicoba Corral se hizo expresa mención a que «el terrorismo de Estado» es «la forma más grave de terrorismo conocida».

Después, en el fallo negando la extradición a España, reclamada por el juez Baltasar Garzón, del vasco Jesús María Lariz Iriondo, el más alto tribunal no equiparo el terrorismo de estado del terrorismo político

Otros jueces federales en otros casos, a su manera dijeron lo mismo que Canicoba Corral. Ayer «Clarín» señala que mientras los juicios orales contra los violadores a los derechos humanos avanzan en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires y piensa que a principios de 2007 comenzarán, son más lentos en el interior donde, muchos juzgados, están aún controlados por jueces nombrados por la dictadura. *