Aniversario del golpe en Argentina

Hoy por primera vez y para el futuro, todos los 24 de marzo serán feriados, La iniciativa personal de Néstor Kirchner encontró resistencias parlamentarias y, de hecho, provocó un problema donde no lo había en las organizaciones de derechos humanos. La idea oficial es que quede marcado para los tiempos futuros, cualquiera sea el gobierno, que el 24 de marzo es un día de reflexión y de recuerdo de los asesinados, de debate intensivo, no solo ese día, sino sobre todos los previos, en escuelas, establecimientos de todo tipo o en los medios de comunicación.

Para los que objetan la medida dicen que se ha convertido en festiva la jornada, al punto que, por caer casualmente un viernes, es utilizada por muchos sectores para ir a tomar descanso fuera de las grandes ciudades.

Por estas y otras razones más vinculadas al curso del gobierno, es que habrá marchas y mítines para todos los gustos, y algunas como las que promueven un sector de los organismos de Derechos Humanos con el apoyo activo de los partidos de izquierda que irán a la Plaza de Mayo. Allí irán con consignas anti impunidad pero de apoyo al Presidente, columnas que partirán del Obelisco porteño, motorizadas por sectores piqueteros con fluidas relaciones con la Rosada.

La líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, inició anoche en la Plaza de Mayo una vigilia a partir de las 21.00 y hasta las 3.00 de la madrugada de hoy, horario en que las Fuerzas Armadas tomaron el poder.

El ex presidente radical Raúl Alfonsín encabezará, a las 18, un acto frente a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El presidente Kirchner, que de hecho se puso al frente de todas las actividades rememorativas, colocará en el Ministerio de Defensa una placa que recuerde la asonada. El Parlamento aprobó un repudio al golpe de Estado en ese día nefasto. Radios, TV, centros académicos, clubes, entidades sociales, impulsaron estos días todo tipo de actividades o programas especiales sobre el día más trágico de la historia del país. Hay reclamos diversos como que los centros de detención, campos de concentración, se transformen en Museos de la Memoria.

Líderes históricos como Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo o Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, sintonizan con Kirchner y respaldan lo que entienden el primer gobierno amigo de los luchadores por los derechos humanos.

Hay un sector que le reconoce esos méritos, no comulga con el feriado, lo observa al Presidente como queriendo capitalizar una larga lucha que en el pasado no lo tuvo como militante conocido, pero que respalda todo paso enderezado a terminar con la impunidad del pasado, y se mantiene expectante en lo que entiende como subsistiendo injusticias que de por sí son violaciones a los derechos humanos, amén de que existen, sostienen, bolsones de impunidad en órganos de seguridad.

Más a la izquierda y sectores piqueteros por ella influenciada, el discurso oficial es criticado, no reconocen el peso político del Presidente para desmantelar las leyes que impedían el juzgamiento de los violadores a los derechos humanos y afirman, sobre todo por lo que ocurre en el campo social, que subsiste iniquidades e impunidades actuales, como lo revelan la represión contra varios movimientos huelguísticos.

Se esperaba que el Parlamento derogara ahora los indultos decretados en 1989 y 1990, que permitieron la libertad de la cúpula militar golpista que estaba condenada por los tribunales de la Constitución Nacional. Hubo indultos que permitieron la libertad de líderes de la organización Montoneros, como Mario Eduardo Firmenich.

La derogación de los indultos para los militares es sobre todo un acto de reparación ya que todos los amparados por esas normas o están procesados por crímenes de lesa humanidad o han fallecido.

Para el caso de Montoneros, habría que ver si deben volver a ser detenidos o continúan procesos que están prescriptos. La Corte Suprema por caso, separa nítidamente como delitos no imprescriptible los cometidos por el terrorismo de Estado del que puedan imputarse a organizaciones armadas o políticas. Dicho de otro modo, se aleja nítidamente de la Teoría de los Dos Demonios, muy fuerte cuando el país, en 1983, comenzó a recuperar sus instituciones,

«Nadie como Kirchner hizo tanto para acabar con la Teoría de los Dos Demonios», asegura el jefe de la bancada del oficialismo en la cámara baja, Agustín Rossi.

Casual o no, lo cierto que en vísperas del aniversario trágico, se denunció que en la base naval «Almirante Zar», en Trelew, provincia de Chubut, funcionaba como en los tiempos viejos, el espionaje a la sociedad civil, al menos de esa zona, pero también sobre el gobernador y hasta del presidente Kirchner. ¿Es solo un resabio de quienes suponen son los guardianes de la argentinidad? Se verá.

La denuncia efectuada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), determinó que fueran separados dos altos jefes navales, entre ellos el tercero en jerarquía, y después, el titular de la Armada, Jorge Godoy, dispuso la clausura de todas las oficinas de inteligencia para determinar si se trataba de un caso aislado o es una norma general. No se conoce que se incluyan a las dependencias que funcionan fuera de los cuarteles de manera clandestina, desde siempre.

No hay pedidos, por ahora, de parte del CELS, para que se investiguen a las otras fueras armadas y de seguridad. Parece poco creíble que el caso Trelew, que reportaba sus informes de inteligencia, a la base naval más importante del país, la de Puerto Belgrano, en las cercanías de Bahía Blanca, no tenga ramificaciones y que sea una novedad actual.

Se habla que la base naval Almirante Zar donde el 22 de agosto de 1972 fueron masacrados 19 guerrilleros que huían del penal de Rawson, será desmantelada. Se crearía otra en la provincia de Santa Cruz.

Por su lado, la ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó la apertura de todos los archivos de las tres armas, una vieja demanda de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Desde el regreso a la carta magna, los jefes militares y el oficialismo de turno dio como válido que lo archivos vinculados a la represión ilegal, fueron incinerados por orden del último jefe del Ejército de la dictadura, general Cristino Nicolaides.

Se sospecha que copias deben existir, y que conocerlas sería muy útil para precisar dónde fueron asesinados los miles de desaparecidos, datos claves para los procesos que este año se concretarán contra cerca de 600 oficiales como para que los deudos puedan hacer su duelo, darle lo que se llama con propiedad, cristiana sepultura, aunque no se trate solo de católicos.

Y finalmente, pero no lo menos importante en estos días, Kirchner restituyó a Juan Manuel Cesio el grado de coronel del Ejército, que la dictadura le quitó y avalaron varios gobiernos constitucionales. Lo sancionaron por acompañar en pleno terror a las Madres de Plaza de Mayo en una marcha y denunciar los crímenes del terrorismo de Estado. *