Separan a altos mandos navales por escándalo de espionaje

El nuevo caso -han habido varios en los últimos años, uno de ellos implicó a la inteligencia de las Fuerza Aérea en la provincia de Córdoba- estalló en la base naval «Almirante Zar», donde el 22 de agosto de 1971 fueron fusilados 19 guerrilleros de varias tendencias que se habían entregado a un juez luego de intentar fugarse del penal de Rawson, también en la provincia de Chubut, donde cumplían condenas.

Ante la revelación del Centro de Estudios Legales y Sociales (Celsa), que preside el periodista Horacio Verbitsky, el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy separó de sus cargos a dos almirantes por el grave caso de espionaje interior (prohibido en la legislación vigente).

Entre los vigilados con fichas hechas en la base hay funcionarios del gobierno nacional y de la provincia de Chubut, dirigentes de organizaciones sociales y de derechos humanos. Y hasta mencionan una reunión de agosto pasado del presidente Néstor Kirchner.

Nada de «perejiles». Los militares relevados son el comandante de Operaciones Navales (número tres de la fuerza), vicealmirante Eduardo Avilés, y el director de Inteligencia Naval, contralmirante Pablo Rossi.

El parte oficial de los marinos afirma que «los sucesos sobre los que recaen las averiguaciones están vinculados a recolección de información sobre circunstancias y personas que versarían sobre ámbitos internos que exceden el marco legal de actuación de los organismos de inteligencia militar».

Es que el espionaje interno está expresamente prohibido a las FFAA por la ley de seguridad interior, sancionada en 1992.

El caso fue denunciado por un miembro de la Armada de la base Almirante Zar, ubicada en la ciudad de Trelew, circunstancia que permitió iniciar la investigación de rigor.

 

La emblemática base naval Almirante Zar

Si es grave el espionaje militar sobre la vida civil e incluso del gobierno, las revelaciones se amplifican porque se cree que el personal naval, o parte del mismo, de la base Almirante Zar, se ven venir una investigación por la matanza del 22 de agosto de 1972. Ya no les gustaba nada que se exhibiera, el año pasado, el documental «Trelew» que cuenta esa trágica historia y que recibió aliento visible del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde que, por el otro lado, fue el letrado de las víctimas cuando estaban con vida y detenidas.

Entre los documentos secuestrados está el memo naval sobre una visita a Trelew de Eduardo Luis Duhalde, a propósito de su presencia en el acto que recordó los 33 años de los fusilamientos.

El CELS presentó el viernes la querella ante el juez federal de Rawson, Jorge Pflejer, quien ordenó el allanamiento de la base de la Armada en Trelew.

En una conferencia de prensa ese organismo informó que entre la documentación secuestrada por el juez federal se destaca un informe sobre la reunión del 31 de agosto pasado en la Casa Rosada, en la que familiares de los fusilados en Trelew el 22 de agosto de 1972 pidieron al Presidente la reapertura de la causa.

También están en poder del juez Pflejer archivos con el currículum de la ministra de Defensa, Nilda Garré. Allí se puede apreciar la trayectoria política en el peronismo combativo de los 70 de la ex diputada y ex embajadora en Venezuela y un prolijo prontuario del ex secretario de Defensa, Jaime Garreta, en el que consta que en noviembre de 1966 fue detenido en una movilización alentada «por la juventud comunista».

Y forman parte de la causa copias de fotografías sobre marchas de organizaciones sociales, piqueteras y de grupos indigenistas.

Además, el CELS solicitó al juez Pflejer que el marino que hizo la denuncia declare en la causa amparado en la figura de identidad reservada.

 

La vieja idea de la tutela militar

Con estos papeles en sus mandos, la ministra Garré convocó el mismo viernes a su despacho al jefe de la Armada, almirante Godoy, con quien había compartido un acto el miércoles por la cesión del edificio de las ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, donde funcionó un centro de torturas durante la dictadura. Esta vez, la ministra le impuso las novedades y la «grave preocupación» por el espionaje. De ese encuentro salieron las sanciones a los altos mandos mencionados.

Además, el jefe de la Armada designó a cargo de la investigación interna al subjefe de la Fuerza (segundo en el mando), el vicealmirante Benito Rótolo.

Ahora bien, el jefe de la Armada ¿desconocía estos trabajos de inteligencia internos, una rémora que parte de la concepción de que los militares siguen siendo los custodios de que el país no gire a la izquierda, ya que hablar de comunismo es demasiado demodé?

No es una pústula casual y no es improbable que estas faenas se sigan realizando en las otras armas, a pesar de las autocríticas reiteradas a propósito del 30 aniversario del inicio del Golpe, pero no del terrorismo de Estado. Este hizo sus primeros pininos bajo el gobierno militar de Alejandro Agustín Lanusse y, sobre todo, durante el convulsivo tiempo que Argentina fue presidida por María Estela Martínez de Perón. Muy grave.

De aquí al viernes, todos los días habrá actos rememorativos y el 24, a pesar de ser feriado desde ahora, manifestaciones de todas las tendencias.

Las que organizan desde la izquierda tendrá un fuerte sesgo antikirchnerista, a pesar de que Kirchner es un gran impulsor de que los crímenes de esos tiempos no queden impunes.

El sábado, miles de personas se congregaron frente al departamento donde vive y espera proceso por diversos crímenes, Jorge Videla. El ex general fue escrachado y se reclamó que vaya a un penal común a aguardar el juicio y su eventual condena.

La ley permite que los mayores de 65 años puedan purgar en sus domicilios las condenas o cumplir la prisión preventiva. *