Fuertes medidas de seguridad rodean elecciones legislativas en Colombia

«Tenemos 200.000 hombres vigilando las elecciones, casi 80.000 en los puestos de votación y el resto haciendo operaciones en el área. Es una tarea sin antecedentes», dijo el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt.

Incluso, el propio presidente, Alvaro Uribe, ordenó a los comandantes militares y de policía, disponer de todos sus hombres, incluso del personal administrativo no necesario, para prestar seguridad en las calles y en los campos del país.

Según Pretelt, el pie de fuerza disponible permitirá a 26 millones de potenciales electores, hacer uso de su derecho al sufragio y garantizará que los comicios se lleven a cabo como está dispuesto en los 9.000 puestos de votación preparados en todo el territorio nacional.

«Tenemos 76.000 mesas de votación. 9.000 puestos contra 6.000 que hubo hace cuatro años. De tal manera que hay una cobertura nacional e internacional para que la gente pueda votar», agregó el funcionario.

Por su parte el general Carlos Alberto Ospina, comandante de las Fuerzas Militares, destacó que «hay zonas que merecen especial atención, ya que están en lugares apartados de la geografía nacional, por lo que se hace necesario tomar medidas preventivas para que las elecciones se efectúen sin problemas».

«En puntos aislados como (los departamentos de) Putumayo y Guaviare, nuestro propósito es dar el mayor cubrimiento y mayor facilidad a toda la ciudadanía para que pueda participar», indicó.

El Director de la Policía Nacional, general Jorge Daniel Castro, garantizó entretanto que la totalidad de los miembros de esa institución, alrededor de 127.000, están trabajando en el propósito de asegurar unas elecciones sin problemas de orden público y en normalidad.

En ese orden, el ministerio del Interior destacó también que el gobierno dispuso mantener un contacto permanente de la fuerza pública con los dirigentes políticos para determinar y verificar si tienen algún problema de seguridad y dar solución.

El gobierno prohibió la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 18H00 locales (23H00 GMT) del viernes, hasta las 06H00 (11H00 GMT) del próximo lunes. Los gobernadores departamentales podrán ampliar los términos para prevenir posibles alteraciones de orden público.

Igualmente las autoridades suspendieron los permisos para el porte de armas en todo el territorio colombiano hasta el próximo miércoles.

Las medidas tienen como objeto tratar de contrarrestar hechos de orden público que agraven la ya difícil situación del país, que en las últimas cuatro semanas ha sufrido la arremetida violenta de la guerrilla de las FARC, con saldo de al menos 35 muertos.

Apenas el viernes, ocho militares, un policía y un civil murieron en desarrollo de esa ofensiva que comenzó con la orden del grupo insurgente de paralizar el transporte de carga y pasajeros en diversos puntos de la geografía, so pena de declarar objetivos militares a quienes incumplan la medida.

La ofensiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzó su punto más alto cuando el sábado 29 de marzo, insurgentes atacaron un vehículo de transporte público en el sureño departamento de Caquetá, mataron a nueve personas y dejaron 13 heridos.

Dos días después, en la población de Rivera (Huila), dieron muerte a nueve concejales que sesionaban en un hotel campestre.

Seis días después, las FARC atacaron la población de Monte Bonito, en el departamento de Caldas (centro) dejando tres muertos: un policía, un bebé y su padre.

El lunes pasado, el grupo insurgente activó una carga explosiva en una vivienda del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), con saldo de cuatro muertos y nueve heridos.

Las acciones también han incluido ataques contra patrullas militares, torres eléctricas, puentes, un gasoducto y oleoductos. *