Solicitan el juicio oral contra apropiadores de bebés en cautiverio

Ya se sabe que las leyes de impunidad primero en 1987, arrancadas por una asonada militar al gobierno de Raúl Alfonsín y los decretos de indultos sobre los máximos jerarcas de la dictadura que cumplían condena por vida por decisión de los tribunales de la Constitución que decretó Carlos Saúl Menem en discutible propósito de contribuir a la pacificación nacional, cerraron transitoriamente plantear los crímenes en los tribunales.

Pero ahora ya están derogadas esas normas que perturbaban llevar a juicio a los violadores de derechos humanos y hay grandes causas que irán a plenario este año que involucrarán a no menos de 600 personas, la mayoría militares, algunos incluso en actividad que ya están detenidos hace rato.

Ya antes que el movimiento social lograra sacar del camino las normas de impunidad, en los 90 los letrados de Abuelas de Plaza de Mayo, entonces bajo la conducción del abogado comunista Alberto Pedroncini, encontraron rendijas en la legislación: ninguna norma impedía investigar los robos de bebés en campos de concentración. Se asistía, digamos, a las embarazadas detenidas como «subversivas» hasta el parto para llegado el momento sacarle la criatura y asesinar a la mamá.

Ese proceso de años va camino al juicio oral ya que el fiscal federal Federico Delgado recomendó al juez Guillermo Montenegro dar por cerrada la investigación y elevar a juicio una parte de la causa por el denominado «robo de bebés». De este modo se acelera el juicio oral y público contra siete acusados encabezados por el ex general Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura.

Fuentes judiciales aseguraron que Montenegro dará rápido curso a la solicitud del fiscal.

La elevación a juicio de esta causa ya había sido recomendada por la Cámara Federal. Además, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, había sugerido a los fiscales federales a fines del año pasado acelerar todas las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura para su pronto juzgamiento.

Además de Bignone, serán juzgados el ex jefe de la Armada Rubén Franco; el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides; el ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Jorge «Tigre» Acosta; el vicealmirante retirado Antonio Vañek; el prefecto mayor retirado Héctor Febres; y el ex director de Institutos Militares Santiago Omar Riveros.

 

Un plan sistemático, no una casualidad

Luego en otro lote hay imputados encabezados por el primer presidente de la dictadura, Jorge Videla. El ex jefe de la Armada Eduardo Massera no será juzgado por cuanto fue declarado insano por su ya prolongada supervivencia en estado vegetativo.

Ahora bien, lo que la Justicia investiga es la apropiación de 194 hijos de desaparecidos secuestrados en estos años de horror. Entre ellos se encuentran los casos de los hijos de María del Carmen Moyano de Poblete, Liliana Fontana, María Pérez de Donda, Ana Castro, Susana de Reinhold, Miriam Ovando, Liliana Carmen Pereyra, María Graciela Tauro, Susana Beatriz Pegoraro, Alicia Alfonsín de Cabandie y Patricia Julia Roisinblit.

Es ilustrativo detallar lo que sostiene el fiscal: que en las «maternidades» que funcionaron en los centros clandestinos de detención de la dictadura «se utilizaron obras de infraestructura necesaria para que nacieran los niños que luego eran separados de sus padres y asignados a terceros». Así, se reunieron pruebas sobre apropiación de bebés tanto en la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) como en los centros ilegales de detención conocidos como «El Pozo», en Banfield; «Olimpo»; «El Vesubio»; «Automotores Orletti» y «La Cacha».

Agrega Delgado que, en el marco del «plan global de aniquilamiento» instrumentado por la dictadura, a los hijos por nacer de las mujeres secuestradas ilegalmente en la represión de la guerrilla «había que cortarles sus lazos de sangre». «La sustracción de menores fue una dimensión de ese plan criminal que ingresó a la ‘agenda’ del gobierno militar», expresa el fiscal en su resolución. Y dice que «estos hechos fueron parte de los compromisos delictuosos» de los militares que el 30 de marzo de 1976 derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón. Este año se cumplirá el trigésimo aniversario del último golpe de Estado.

Las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que unos 500 niños fueron sustraídos a sus familias durante la dictadura, 81 de los cuales lograron ser identificados y ubicados por ellas. Histórico. *