Amnistía ve pasos "positivos" en América Latina pero sigue "preocupada"
Amnistía Internacional (AI) considera que los gobiernos de América Latina dieron pasos «positivos» hacia el respeto de los derechos humanos, pero sigue «preocupada» por la impunidad, la tortura y la violencia contra la mujer, y los casos de Colombia, Cuba y Estados Unidos.
«Consideramos positivo que la gran mayoría de los gobiernos de la región se hayan comprometido con los derechos humanos, pero ahora hay que ver si efectivamente de la retórica pasan a la acción», dijo Susan Lee, responsable para América Latina de esa entidad defensora de los derechos humanos.
«Ese es el gran desafío para muchos gobiernos de la región», subrayó la responsable de Amnistía durante un encuentro con la prensa en Madrid.
Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay «hasta cierto punto», han dado pasos «muy positivos» como la reapertura de casos contra el ex dictador Augusto Pinochet o la detención en Chile del ex presidente peruano Alberto Fujimori.
«Hay señales positivas respecto de la impunidad histórica en la región pero aún así, no vemos que gobierno y justicia pongan el mismo énfasis en actuales violaciones a los derechos humanos» como abuso policial, maltrato en cárceles y un sistema judicial «discriminatario hacia los pobres y los indígenas».
Lee calificó de «endémica» la violencia contra las mujeres, pero de «violencia excepcional» los asesinatos en Ciudad Juárez (México) y en Guatemala. Más de 400 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993, según Amnistía Internacional, mientras que en Guatemala la cifra supera los 600 casos.
«Pese al compromiso personal del (presidente mexicano Vicente) Fox, no se ha podido parar el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez», lamentó.
«La tortura es una práctica común en la región y en Estados Unidos. No como política de Estado pero sí arraigada en la policía de muchos países como México, Venezuela, Perú, Caribe, Brasil», sostuvo Lee, que atribuyó esa práctica a la «falta de capacitación» y a «una cultura de brutalidad».
La investigadora de Amnistía insistió en las críticas de su organización a la «política de seguridad democrática» del presidente colombiano Alvaro Uribe y aseguró que la «solución» a la crisis humanitaria de ese país está en aplicar el plan de Naciones Unidas, que «el gobierno de Colombia no ha implementado, pese a haberse comprometido». *
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