Perpetua para policías que asesinaron a piqueteros

Las víctimas de esa tragedia fueron los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y los acusados, el comisario Alfredo Fanchiotti, ex titular del Comando de Patrullas de Avellaneda, y el cabo Alejandro Acosta, su ex chofer. Ambos fueron encontrados culpables por igual de los homicidios de los piqueteros, además de otros intentos de homicidio en perjuicio de varios manifestantes heridos durante la marcha. Fanchiotti no estuvo en la sala oyendo la sentencia cuya lectura se demoró varias horas por razones poco claras.

El fallo se conoció a siete meses de iniciado el juicio y a tres años y medio de los hechos. Kosteki y Santillán fueron muertos el 26 de junio de 2002, durante la represión de la Policía bonaerense a un intento de corte del Puente Pueyrredón que une esta Capital con la ciudad de Avellaneda.

Los asesinatos ocurrieron cerca de allí, en la estación ferroviaria de Avellaneda. Entonces el gobierno de Duhalde ordenó la actuación en el operativo de la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura. Entre todas bloquearon el acceso al Puente, pero la Bonaerense fue la que comando la represión.

Kosteki cayó baleado sobre la ex Avenida Pavón, frente al hipermercado Carrefour. Santillán, que intentó ayudar a Kosteki, fue herido mortalmente dentro de la estación de trenes de Avellaneda. Las filmaciones y fotografías registradas ese día por los medios de prensa permitieron identificar a Fanchiotti y Acosta como quienes abrieron fuego en la avenida y quienes ingresaron a los balazos a la estación.

Previamente, el policía había intentado convencer que las muertes ocurrieron por refriegas entre grupos piqueteros, teoría que tomó como válida el entonces gobernador Felipe Solá (lo es ahora también), pero las fotografías de profesionales y amateurs que cubrían la manifestación, derrumbó esa suerte de justificación de la masacre. Hubo además, numerosos heridos, detenciones masivas y persecuciones salvajes.

Días antes, desde el Gobierno nacional, se hizo correr la especie de que con la ocupación del Puente Pueyrredón comenzaría una acción piquetera y de sectores de izquierda tendientes a «tomar el poder», peregrina hipótesis que a todas luces quería frenar el alza del movimiento social por reivindicaciones, meses después de producida una fuerte devaluación que agudizó la ya grave situación de millones de desocupados y marginales.

 

La creación del clima para la represión

La hipótesis insurreccional se pergeñó en la Secretaría de Informaciones del Estado que daba cuenta de un Congreso de piqueteros en el Gran Buenos Aires

La decisión sobre los acusados estuvo en manos de los jueces Elsa López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán. Ellos también definieron penas menores sobre otros cinco policías bonaerenses culpables de haber encubierto los crímenes. Ellos son Félix Vega, Carlos Quevedo, Héctor De la Fuente, Gastón Sierra y Lorenzo Colman. Un octavo ex policía, Celestino Robledo, estaba acusado de usurpación de títulos y honores por haber participado de la represión pese a que ya no era policía cuando ocurrió la masacre.

La lectura del veredicto estuvo acompañada por una manifestación piquetera que se inició la noche del domingo con un acampe frente a los tribunales. Con todo, por diferencias entre ellos, especialmente entre el Movimiento de Trabajadores desocupados, donde militaron los asesinados y otros grupos como el Polo Obrero, se alinearon en lugares diferentes frente a los tribunales de Lomas de Zamora. Piqueteros que respaldan a Kichner hicieron presencia en la estación ferroviaria de Avellaneda.

La seguridad estuvo a cargo de la Gendarmería, habida cuenta que los condenados son integrantes de la policía bonaerense.

Los familiares de las víctimas y las organizaciones piqueteras que los acompañan daban por seguro un fallo condenatorio, aunque volverán a insistir con que también sean juzgadas las responsabilidades de los políticos que en ese momento tenían autoridad sobre el área tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires. El líder del Polo Obrero, una de las vetas del piqueterismo, Néstor Pitrola, calificó como » histórico» el fallo, ya que decenas de crímenes «contra militantes del movimiento social» siguen impunes.

Las responsabilidades políticas quedaron fuera de este juicio e incluso varios ex ministros y hasta el propio ex presidente Duhalde zafaron de ir a declarar aunque fuera como testigos con la excusa de que hay otras causas abiertas por este tema en las que figuran como imputados. Hacia ellas, 11 funcionarios nacionales y provinciales, apuntarán ahora los familiares de las víctimas.

La bronca de este sector duro del espacio piquetero, alcanza al presidente Néstor Kirchner que no concretó una promesa a los familiares de las víctimas de integrar un comité especial e independiente que investigara las responsabilidades políticas de la masacre.

Otra promesa presidencial, la apertura de los archivos de la SIDE, para los familiares fue un fiasco ya que los expedientes entregados no contenían casi nada que no se conociera por la prensa.

Ese famoso informe sobre el posible complot piquetero jamás fue blanqueado por la SIDE.

Los dos crímenes y el impacto de esa masacre obligaron a Duhalde a acortar su mandato y llamar a elecciones en abril del 2003, que finalmente llevaron al gobierno a Kirchner. *