194 muertos que reclaman verdad y justicia

A un año de la masacre de la disco Cromagnon

Todo pareció iniciarse con una bengala lanzada por uno de los jóvenes del recital del grupo Callejeros, propenso a ese tipo de exteriorización, que pegó contra el techo de la disco y provocó el incendio de la catástrofe, una humareda infernal que intoxicó a cientos de jóvenes que habían ido a divertirse y casi dos centenares ya no están más.

No se conoce en el mundo en tragedias parecidas que se haya pedido el juicio político o la remoción de un alcalde, pero la catástrofe que en sede judicial es investigada y donde hay prisiones preventivas dictadas, derivó desde el inició en una disputa por el poder motorizada por el empresario Mauricio Macri, referente de Propuesta para el Cambio (PRO) quien aspira llegar en 2007 al gobierno porteño, cabalgando sobre el dolor y el encono de la ultra izquierda que aún con víctimas tratando de salir del local humeante, ya reclamaban la cabeza de Ibarra.

Ahora suspendido, Ibarra sigue el curso de la Sala Juzgadora de la Legislatura local que lo suspendió temporariamente en sus funciones. Allí se evalúa si el funcionario tuvo responsabilidad política sobre la tragedia. Hoy el gobierno está temporariamente a cargo de Jorge Telerman.

La tragedia tiene su ámbito judicial donde entre los que tienen prisión preventiva figuran el empresario Omar Chabán, quien insiste en su inocencia, el grupo de rock, que tenía el control sobre el número de personas que estaban en la disco, mucho más elevada que la capacidad posible del local, varios policías y bomberos, vinculados a la vigilancia o al papelerío burocrático de la habilitación de la disco y varios funcionarios responsables de la seguridad.

 

Empresarios, musicantes y funcionarios procesados

Chabán es el único detenido mientras se aguarda el juicio oral. Estuvo beneficiado por la libertad condicional, pero la irritación que generó esa medida adoptada por un tribunal de alzada, fue finalmente revocada. La carátula de estrago doloso cubre tanto al empresario como a los musicantes y son otros cargos, graves en definitiva, el que cae sobre los demás imputados.

La Legislatura creó la comisión Cromagnón que trabajó durante más de tres meses y produjo, a fines de julio, un dictamen unánime que recomendaba abrir el juicio político a Ibarra por mal desempeño de sus funciones, basado principalmente sobre su supuesta incapacidad para organizar el poder de policía en la ciudad.

El dictamen fue elevado a la comisión investigadora de la Sala Acusadora, que escuchó testigos durante otros dos meses. En esa instancia, ya el gobierno nacional había decidido respaldar y sostener a Ibarra, por lo que los diputados kirchneristas jugaron su defensa. Fueron emitidos cinco dictámenes: dos acusatorios (uno de ellos, de mayoría), dos absolutorios y uno que pedía la nulidad de las actuaciones. Pero el 14 de noviembre, hubo 30 votos necesarios sobre los 45 de la Sala Acusadora y el juicio quedó habilitado. Ahora la causa política transita por la Sala Juzgadora, de 15 integrantes, pero 10 pueden decidir el futuro político del Lord Mayor. El cuerpo está presidido por el presidente de la Corte Suprema local, Julio Maier, pero de hecho va a terminar pesando más que las razones, la decisión política y por como se desarrollan los acontecimientos, el 14 de marzo, día en que vence el plazo del juicio, la votación está más cerca de condenar que de absolver a Ibarra.

A pesar de dos hechos muy fuertes. Uno, que un comité de peritos de la Corte Suprema Nacional, dictaminó que el trabajo de emergencia del servicio sanitario en la tragedia fue correcto, a contramano de lo dicho en la acusación. Y dos, que la Cámara de Apelaciones porteña, cambió la carátula del juicio a la línea de funcionarios vinculados a los temas de seguridad, que Ibarra destacó como favorable.

Como están las cosas, Ibarra recurrirá antes o después de la decisión de la Sala Juzgadora a los tribunales ordinarios, basándose en lo que él y sus abogados observan como irregularidades. Por caso, la Sala no aceptó la recusación a uno de los diputados que la integran y que se manifestó de hecho favorable a la condena de Ibarra. El recusado votó por sí mismo, lo que vulnera el Código Procesal, que utiliza Maier por carecer la Sala Juzgadora de su propio reglamento.

 

El difícil futuro político de Aníbal Ibarra

Ibarra tiene como su abogado principal a Julio Strassera el famoso fiscal que llevó al banquillo de los acusados a los cabecillas de la dictadura militar. Ibarra entonces formaba parte del equipo del fiscal. Las autoridades comunales y de la provincia de Buenos Aires, de donde eran oriundos la mayoría de los muertos, decretaron para la jornada día de duelo. Habrá marchas multitudinarias encabezadas por organizaciones de familiares y a la que adhieren especialmente la amplia gama de organizaciones de izquierda que creen que se está ganando la batalla contra la impunidad aunque lo más probable que sea la derecha la que saque beneficios políticos de esta tragedia.

El presidente Néstor Kirchner a quien los sucesos lo sorprendieron en su descanso en el sur del país apenas pudo salir del vórtice de la tormenta. Más aún, hay quienes le cuestionan hoy no haber abandonado de inmediato su descanso y regresar a la Capital Federal. Una de las más severas imputaciones contra Ibarra es que no se haya hecho presente en el lugar de los hechos, aunque haya dirigido cerca del lugar todo el operativo de rescate. Muchos errores anteriores, su manera de acumular políticamente, de hecho lo dejó sin legisladores propios que lo defendieran y su destino depende en gran parte del kirchnerismo o de las conveniencias políticas del líder de la derecha Mauricio Macri.

Los sondeos no registran una mayoría clara a favor de la expulsión de Ibarra de su cargo. El juicio político más que la verdad, está en la búsqueda de réditos. Todos los implicados directa o indirectamente tienen causas iniciadas y es probable que no se esté lejos del juicio oral y público.

Las marchas partirán del santuario que quedó levantado en el lugar donde funcionó la disco en el barrio de Once hasta la jefatura del Gobierno porteño, casi en Plaza de Mayo donde desde ayer lucían pancartas con reclamos de justicia y verdad junto a las fotos de los 194 infortunados muchachos y muchachas. *

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