Fue imputado De la Rúa

Este tribunal en sonado fallo comprobó que durante el gobierno de la Alianza, una coalición entre los radicales y el entonces movimiento que lideraba Carlos ¨Chacho¨ Álvarez, dispuso pagar coimas a varios senadores a cambio de que aprobaran la Ley de Reforma Laboral y así confirmó el procesamiento por el delito de cohecho del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, del ex jefe de la SIDE (inteligencia) Fernando de Santibañes, de los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda y del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto. Álvarez renunció ese año a la vicepresidencia por la falta de respaldo de De la Rúa a que se investigara este affaire que varios jueces trataron de tapar con dilaciones o pistas falsas, pero que ahora entra en un camino de definiciones- La confesión de Pontaquarto fue determinante en la investigación judicial. El ex presidente será indagado como sospechoso después de que Pontaquarto haga un reconocimiento ocular en la Casa Rosada, previsto para el 4 de marzo. Con el nuevo fallo, la causa inicia su camino hacia el juicio oral que deberá ser rápido antes que prescriba la causa. La resolución de la Cámara ratificó los procesamientos dictados por el juez federal Daniel Rafecas que el año pasado recibió el expediente casi en cero. Es que los mismos camaristas habían anulado los procesamientos dispuestos por el juez Rodolfo Canicoba Corral, instructor anterior del expediente. En aquel momento pusieron en duda el testimonio de Pontaquarto. Esta vez admitieron que «se ha avanzado» en la «comprobación de su versión». El tribunal dejó intactas sólo las acusaciones por el delito de cohecho (activo para los que pagaron y pasivo para los que recibieron), que fija hasta seis años de prisión. A la vez alivianó la situación de De Santibañes, al eliminar la imputación por peculado (sustraer fondos públicos) que le había impuesto Rafecas y a los ex senadores los liberó de la figura de encubrimiento. Esto se debe a que los camaristas consideran que aún no quedó comprobado que el dinero de las coimas fuera del presupuesto, abierto o secreto, de la SIDE. Aunque el fallo de la Cámara reafirmó que hubo coimas advierte que faltan pruebas que corroboren el relato íntegro del arrepentido. «Se encuentra demostrado que Pontaquarto retiró ‘… un maletín y una valija y una caja de cartón envuelta en cinta adhesiva ancha…’ del edificio de la SIDE conteniendo la suma de 5.000.000 de pesos. Lo que no se puede demostrar, con el grado de convencimiento propio de este tipo de pronunciamiento, es que ese dinero fuera del organismo citado», dice el fallo. Advierte, incluso, sobre la existencia de informes contables que desmentirían «esa hipótesis».

En primera instancia el juez Rafecas consideró acreditado que en abril de 2000 el gobierno de la Alianza usó 5 millones de pesos/dólares provenientes de la SIDE para distribuir sobornos entre varios senadores para que aprobaran la reforma laboral. El juez había dado crédito al relato de Pontaquarto, luego de desplegar gran cantidad de medidas entre pericias, inspecciones oculares, testimonios y, sobre todo, fueron claves los análisis de llamados telefónicos para determinar dónde y a qué hora estaba cada uno de los acusados y con quién hablaba. Según el ex secretario parlamentario el comienzo de la trama de las coimas ocurrió entre fin de marzo y principio de abril de 2000, en una reunión en la Casa de Gobierno a la que, según su versión, asistieron el ex presidente provisional del Senado (el radical Genoud) y los ex senadores justicialistas Alasino y Tell para transmitirle a De la Rúa las condiciones para votar la reforma laboral. El ex presidente le habría encomendado «las otras cosas» que exigía el bloque del justicialismo a De Santibañes. Pontaquarto relató que el 18 de abril de 2000, con instrucciones de Genoud, retiró de la SIDE todo el dinero que repartiría a los pocos días. Para los camaristas, está acreditado que la noche del 26 de abril Pontaquarto llevó al domicilio porteño de Cantarero, donde «habrían asistido Costanzo, Alasino, Branda y Tell». Pero insistieron en que faltan pruebas sobre «la reunión en la Casa Rosada» y por eso encomendaron un nuevo estudio pericial de la agenda presidencial, que pudo haber sido adulterada. Además, entre otras pericias reclamaron avanzar sobre el patrimonio de los senadores. La importancia de lo dicho por la Cámara Federal,, más allá de las observaciones, es que le permitiría al fiscal Federico Delgado pedir la elevación de la causa a juicio oral en los primeros meses del año que se avecina. Los ex funcionarios y senadores involucrados pueden esperar ese momento en libertad, pero no tienen asegurado ese beneficio si les toca una condena. Ahora falta que declare De la Rúa. Habrá que ver si, como pidió Rafecas, el dinero es restituido al Estado. *