El gobierno peruano prepara una ofensiva contra Sendero Luminoso

La decisión, que establece el estado de emergencia por 60 días, permitirá militarizar seis provincias de los departamentos amazónicos de Huánuco, San Martín y Ucayali.

En esas tres regiones se extiende el valle del Alto Huallaga, considerado «zona roja» desde hace dos décadas por la presencia de columnas de Sendero Luminoso y bandas de narcotraficantes.

Un decreto del gobierno oficializó este jueves el estado de excepción y autorizó a las Fuerzas Armadas a desarrollar una ofensiva contra lo que el gobierno define como una «alianza entre terroristas y narcotraficantes».

Las acciones se desarrollarán «con firmeza y dentro de la ley, con el debido respeto a los derechos humanos», dijo el presidente Alejandro Toledo al anunciar la medida, a la que se sumarán acciones de desarrollo social que permitan una mayor presencia del Estado en esa zona del país.

En alusión a Sendero Luminoso, el mandatario dijo que aquellos que antes decían pelear por una ideología «hoy se alquilan por dinero a los narcotraficantes para protegerlos».

La emergencia suspende diversas garantías públicas, y permitirá a la fuerza pública allanar viviendas y prohibir reuniones o manifestaciones, entre otros puntos.

Una emboscada cerca a la localidad de Aucayacu, en medio del valle del Alto Huallaga, costó la vida a ocho policías el último martes, luego de que el 5 de diciembre otros cinco policías cayeron en un primer ataque por sorpresa en otra zona del país, en el valle del río Apurímac, en Ayacucho (sudeste).

Ambos valles, en la selva central y en la selva sudeste del país, sirven de refugio desde hace una década a columnas senderistas que sobrevivieron a la derrota militar que sufrió esa organización maoísta en 1992, pero que hoy ha logrado cierto nivel de reagrupamiento, según advierten los expertos en temas de violencia política.

Los grupos armados que viven en ambas zonas se conectan mutuamente a través de quebradas y desfiladeros en medio de la frondosa vegetación de la jungla, que a principios de los años ’90 los senderistas denominaban «Vietnamito» y que conocen como la palma de su mano, pero que resulta de difícil acceso para las fuerzas de seguridad.

La declaratoria de la emergencia despertó críticas, como la del ex ministro del Interior de este gobierno, Fernando Rospigliosi, quien dijo que la medida anunciada «es una farsa» y que Toledo y sus ministros lo que hacen es «sólo posar para la foto y las cámaras».

El ex ministro dijo que, pese a lo que decía el presidente, el gobierno nunca dio «un centavo» para luchar contra los grupos armados porque el tema «no le interesa», a la vez que consideró que la emergencia decretada es «tardía».

El economista Hugo Cabieses, consultor en temas de narcotráfico, discrepó con el Estado de emergencia, señalando que es un error darle a las Fuerzas Armadas la solución de un tema social y político. «Esto va a traer peores problemas», dijo.

Cabieses calificó de «absurda» la política de considerar a los campesinos cocaleros como parte del problema, y dijo que una exitosa estrategia social debería ser «buscar una alianza con los productores de hoja de coca» para aislar a Sendero Luminoso y al narcotráfico.

Desde la administración Toledo, el primer ministro Pedro Pablo Kuczynski rechazó la versión de que el gobierno no ha hecho nada para combatir al senderismo y negó que la reacción oficial con la emergencia sea tardía.

«Lo que sucede es que hay un recrudecimiento y expansión del fenómeno subversivo», anotó, al precisar que actualmente existen unas 60 bases policiales y militares desplegadas en las zonas convulsionadas por el terrorismo y el narcotráfico. *